La economía argentina enfrenta un impacto profundo tras las políticas de ajuste fiscal implementadas por el gobierno de Javier Milei, que ya se traducen en cifras alarmantes de empleo y actividad productiva. Según datos procesados por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) y la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), alrededor de 300.000 trabajadores han perdido sus empleos y más de 17.000 empresas han cerrado sus puertas en los primeros años de gestión, afectando tanto al sector privado como al público.
El proceso de ajuste económico, denominado por el Ejecutivo como plan de “motosierra”, ha implicado una drástica reducción del gasto público y reformas estructurales que han golpeado directamente al mercado laboral argentino. Como resultado, tanto la construcción como la industria manufacturera —dos pilares tradicionales de generación de empleo— han visto una fuerte caída en su actividad, manteniéndose entre un 22 % y un 9 % por debajo de los niveles de 2023.
En concreto, 17.063 empresas cerraron más de las que se abrieron en los primeros 18 meses de la administración, un promedio de 28 cierres diarios, lo que generó un saldo neto negativo de más de 236.800 empleos en el sector privado.
Las políticas de racionalización y recorte de recursos no solo afectaron al sector privado: entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, el empleo público nacional también se redujo drásticamente. En ese período, 61.569 personas despedidas de organismos estatales y empresas públicas perdieron su fuente de ingresos, destacándose entidades como Correo Argentino con 5.232 empleos eliminados y Operadora Ferroviaria S.E. con 3.526 despidos.
Los sectores más afectados dentro de la producción económica son la construcción y la industria manufacturera, que sufrieron el impacto de la paralización de obras públicas, ligadas directamente al ajuste del gasto estatal. La inactividad en infraestructura no solo detuvo obras sino que también desarticuló cadenas de valor regionales.
Informes complementarios revelan que la industria manufacturera en Argentina ha enfrentado una caída significativa en la producción y empleos, con numerosos casos de plantas que han suspendido operaciones o cerrado, como la fábrica de Whirlpool en Pilar y otras instalaciones que redujeron personal ante la competencia con importaciones y la caída de la demanda interna.
El ajuste ha tenido un efecto directo sobre las condiciones de vida de muchos argentinos. La paralización de inversiones públicas y la reestructuración de subsidios redujeron la actividad económica general, provocando que el consumo y la producción retrocedan simultáneamente, lo que a su vez profundiza la inseguridad laboral.
Sectores productivos tradicionales han sido especialmente vulnerables ante el contexto de apertura de importaciones sin medidas compensatorias para la producción local, lo que ha reducido la competitividad de las empresas nacionales y acelerado cierres y despedidos.
Observadores económicos señalan que el ajuste puede haber impulsado una contracción técnica de la economía y un fuerte aumento de la desocupación, con cifras que muestran que el empleo formal disminuyó significativamente desde la llegada de las reformas.
Mientras algunos indicadores macroeconómicos muestran estabilidad en ciertas áreas como el control inflacionario, la pérdida de empleos y el cierre de empresas plantean un desafío social profundo, que podría profundizarse si no se implementan medidas que reactiven la producción y la inversión tanto pública como privada.