La declaración de emergencia por parte de CABOCO refleja una crisis estructural que amenaza con paralizar el motor productivo de Bolivia. La acumulación de pagos estatales atrasados, el alza descontrolada de insumos y la falta de acceso a divisas han dejado a miles de empresas en situación crítica. Esta coyuntura no solo pone en riesgo millones de empleos, sino que compromete el avance de obras esenciales para el desarrollo nacional. La construcción, históricamente generadora de progreso, enfrenta hoy un colapso inminente. El llamado al diálogo es urgente y requiere respuestas concretas. Bolivia necesita reconstruir confianza para seguir construyendo futuro.
Fecha:Thursday 18 Sep de 2025
Gestor:INSTITUTO IDARC
La Cámara Boliviana de la Construcción (CABOCO), junto a sus filiales regionales como CADECO Tarija, ha emitido un pronunciamiento público de emergencia, alertando sobre una crisis sin precedentes que amenaza con paralizar completamente el sector construcción en Bolivia. La situación, calificada como “inminente colapso económico”, pone en riesgo miles de empleos, inversiones estratégicas y el desarrollo estructural del país.
Según el vicepresidente de CADECO Tarija, Diego Clavijo, las empresas constructoras enfrentan una combinación de problemas que han generado una coyuntura crítica. Entre los más graves se encuentran:
Demoras prolongadas en pagos estatales, que superan los 120 días y generan una profunda iliquidez.
Multas arbitrarias y un régimen tributario desproporcionado, que asfixian financieramente a las empresas.
Incremento incontrolable en los precios de materiales, insumos y maquinaria, que vuelve insostenible la ejecución de obras.
Deficiente aplicación de los decretos 5321 y 5406, que debían reactivar la inversión pública mediante reajustes de precios.
Escasez de carburantes y divisas, que encarece el transporte y limita la importación de equipos y repuestos esenciales.
El colapso del sector construcción tendría consecuencias devastadoras para Bolivia. CABOCO advierte que más de 10.000 empresas están en riesgo, junto con más de 2 millones de empleos directos e indirectos. Además, la paralización de obras públicas compromete proyectos clave en infraestructura, salud, educación y conectividad.
La construcción ha sido históricamente uno de los motores de progreso del país. Sin ella, se detiene el desarrollo regional, se frena la inversión privada y se debilita la capacidad del Estado para ejecutar políticas públicas de impacto.
El pronunciamiento de CABOCO no solo denuncia la situación, sino que reafirma su voluntad de diálogo y concertación. Las empresas constructoras exigen respuestas inmediatas y efectivas por parte del gobierno nacional, incluyendo:
Revisión del régimen tributario y eliminación de sanciones arbitrarias.
Pago oportuno de deudas estatales.
Reajuste de precios en contratos vigentes.
Garantía de suministro de carburantes y acceso a divisas.
Simplificación de trámites burocráticos que obstaculizan la ejecución de obras.