Bolivia enfrenta un daño económico de USD 2.595 millones por empresas estatales inviables

Un balance oficial que reabre el debate sobre el rol del Estado en la economía

El Gobierno de Bolivia reveló que el país habría sufrido un daño económico estimado en 2.595 millones de dólares como consecuencia de la creación y gestión de empresas estatales y plantas industriales que resultaron inviables. La cifra fue presentada por el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, y corresponde a proyectos impulsados principalmente entre 2006 y 2024. Según el Ejecutivo, estos recursos comprometieron seriamente las reservas internacionales netas y no generaron los retornos esperados, lo que hoy representa un desafío para la sostenibilidad fiscal y la política económica nacional.

Empresas públicas sin retorno financiero

De acuerdo con la información oficial, en ese periodo se crearon 67 empresas públicas, con una inversión total cercana a los 7.550 millones de dólares. Sin embargo, el Estado solo habría recuperado alrededor del 18 % del capital invertido, evidenciando una baja eficiencia económica.

Del total de recursos comprometidos, 1.463 millones de dólares se destinaron a empresas consideradas inviables. Varias de ellas ya cerraron operaciones y otras se encuentran en quiebra técnica, sin capacidad de generar ingresos suficientes para cubrir sus costos operativos.

Entre los sectores afectados se encuentran industria alimentaria, cemento, azúcar, siderurgia, aviación y litio, áreas estratégicas que, según el Gobierno, no lograron consolidarse bajo la administración estatal.

Plantas industriales inconclusas o subutilizadas

Otro componente clave del daño económico corresponde a 1.132 millones de dólares invertidos en plantas industriales impulsadas bajo la política de sustitución de importaciones.
El reporte oficial señala que, de 174 plantas planificadas, solo 40 fueron entregadas, mientras que el resto presenta diversos niveles de avance o inviabilidad:

• 19 operan de forma limitada

• 134 continúan en construcción

• 41 son consideradas no ejecutables

• 60 fueron calificadas como totalmente inviables

Estas instalaciones abarcan rubros como biocombustibles, fertilizantes, agroindustria, farmacéutica, manufactura y minería, sectores donde el Gobierno reconoce que el sector privado podría desempeñar un rol más eficiente.

Auditorías, responsabilidades y reestructuración

Ante este escenario, el Ejecutivo anunció que se realizarán auditorías exhaustivas para determinar responsabilidades administrativas y penales, además de evaluar mecanismos de reestructuración o cierre definitivo de las empresas que no sean sostenibles.

Las autoridades advirtieron que el daño podría ser incluso mayor si se incluyen créditos externos y otros recursos públicos no contabilizados directamente dentro de las reservas internacionales.

Un debate abierto sobre el modelo económico

La revelación se produce en un contexto de revisión profunda del modelo de empresas estatales, en medio de tensiones políticas y cuestionamientos sobre la eficiencia del gasto público.
Para el Gobierno, este balance representa un punto de inflexión que obliga a repensar el papel del Estado, priorizar la sostenibilidad financiera y fortalecer la transparencia en la ejecución de proyectos estratégicos.