Transformación urbana oriente-poniente: México invierte 76 mil millones en infraestructura integral para 10 millones de habitantes

El Gobierno lanzó en julio uno de los planes de infraestructura más ambiciosos de su sexenio, con una inversión de 75 786 millones de pesos hasta 2030 para atender la periferia oriental de Ciudad de México y Estado de México. Dirigido a 10 millones de personas, incluye más de 121 programas que abarcan salud, educación, transporte, vivienda, agua potable y espacios públicos. Financiamiento mixto —60 % federal, 30 % estatal, 10 % municipal— y coordinación entre siete dependencias. El plan busca saldar una deuda histórica con zonas conurbadas profundamente rezagadas.

Lanzamiento del Programa Integral y su alcance municipal

El 2 de julio de 2025, autoridades federales y estatales presentaron oficialmente el Plan Integral para la Zona Oriente, dirigido a diez municipios conurbados del Estado de México y Ciudad de México: Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec, Ixtapaluca, Nezahualcóyotl, La Paz, Texcoco, Tlalnepantla y Valle de Chalco. El programa está diseñado para servir a 10 millones de habitantes, muchas de las zonas más densamente pobladas y marcadas por pobreza urbana del país. Se trata de una intervención multisectorial, que suma esfuerzos federales, estatales y municipales mediante 121 acciones concretas en infraestructura y bienestar.

Con un presupuesto de 75 786 millones de pesos para el periodo 2025‑2030, esta estrategia representa una respuesta estructural al abandono histórico que arrastran estas zonas desde su urbanización acelerada en las décadas de 1970 y 1980. Según los voceros del gobierno, se trata de "una deuda histórica" con estos municipios, que concentran grandes brechas en acceso a servicios, calidad de vida y oportunidades. Este plan ofrece una articulación inédita entre dependencias como SEGOB, SEDATU, SICT, SEP, IMSS y Bienestar social.

Para garantizar operatividad y transparencia, se creó un comité técnico integrado por siete secretarías de Estado, y el financiamiento es compartido: 60 % federal, 30 % estatal y 10 % municipal. Se prevén mecanismos de seguimiento y rendición pública de avances, así como participación comunitaria vinculante en ciertos proyectos. El modelo combina obras de infraestructura física con intervenciones sociales, apuntando a restituir el acceso a servicios básicos y mejorar el entorno urbano en beneficio directo de los habitantes.

Salud y educación para cerrar brechas estructurales

El plan contempla una fuerte inversión en salud: 12 438 millones de pesos destinados a construir o mejorar cuatro hospitales generales, seis Unidades de Medicina Familiar y diez centros de cuidado infantil. Además, se habilitarán salas de hemodiálisis, clínicas comunitarias y equipos de atención primaria en las zonas más vulnerables. El objetivo es ampliar la cobertura sanitaria y reducir la dependencia de centros médicos saturados en la Ciudad de México.

En educación, se destinarán 3 000 millones de pesos para crear 10 nuevas universidades locales, una por municipio beneficiado, y 10 200 nuevos espacios en bachillerato tecnológico. Se habilitarán reconversiones escolares que ofrezcan carreras relacionadas con tecnología, producción sustentable, inteligencia artificial y desarrollo regional. Estas acciones buscan mejorar la equidad educativa y ofrecer a jóvenes opciones con perfil laboral competitivo.

Este enfoque suma formación profesional y atención primaria con equipamiento comunitario. Además permitirá que las y los jóvenes tengan acceso local a educación media y superior sin desplazarse grandes distancias, lo cual es clave dada la fragmentación territorial que afecta a zonas como Chalco, Chimalhuacán o Nezahualcóyotl. Se espera que la interrelación entre salud y educación potencie el capital humano regional y promueva movilidad social.

Movilidad y conectividad urbana con enfoque integral

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes coordina una inversión de 11 800 millones de pesos entre 2025 y 2027 en movilidad urbana. El programa incluye la construcción y ampliación de 20 puentes vehiculares, repavimentación masiva, bacheo y entrega de 10 trenes de pavimentación para uso municipal. También incorpora un programa de chatarrización de transporte público, enfocado en sustituir unidades obsoletas.

Se prevé la ampliación del Trolebús Santa Marta‑Chalco hacia Ixtapaluca con un trazado de más de 11 km, y la extensión de la Línea 3 del Mexibús hacia Panteón de los Rosales. Estas obras buscan mejorar la conectividad con la capital, reducir tiempos de traslado y ofrecer opciones más seguras y accesibles. También se contempla la construcción de 1 000 kilómetros de “Senderos Seguros”, equipados con alumbrado LED, rehabilitación de banquetas y arte urbano, facilitando desplazamientos peatonales en zonas con altos niveles de inseguridad.

La conjunción entre transporte público y vialidad pretende articular el territorio, reducir la fragmentación urbana y favorecer una movilidad inclusiva, especialmente para mujeres y personas mayores. La rehabilitación del espacio público y la articulación de rutas de desplazamiento crean un nuevo ecosistema urbano que promueve seguridad, accesibilidad y cohesión territorial.

Agua, vivienda y renovación urbana

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) aporta 9 000 millones de pesos para 101 obras hidráulicas destinadas a mejorar el abasto de agua potable y prevenir inundaciones. Ya están en marcha 21 acciones, entre las que destacan el desazolve de ríos, rehabilitación de pozos y colectores, como el colector de Chalco. En 2025 se invertirán 2 588 millones mutuos y 21 proyectos operativos continúan adelante.

En vivienda y regularización de suelo, la SEDATU promoverá 140 000 acciones, incluyendo mejoramientos habitacionales, apoyo a 97 000 familias con subsidios de hasta 40 000 pesos cada una, y la regularización de 32 000 escrituras. Estas iniciativas buscan formalizar la propiedad, estimular la inversión doméstica y mejorar las condiciones de vivienda en barrios informales que viven en riesgo o precariedad.

Además, se rehabilitarán parques, plazas comunitarias, espacios deportivos y mercados locales como parte de la renovación urbana integral. El plan busca no solo infraestructuras funcionales, sino también dotar de identidad social a comunidades históricamente marginadas. Estos proyectos comunitarios también generarán empleo local y fortalecerán economías de proximidad.

Participación social, equidad de género y seguimiento institucional

Uno de los atributos principales del programa es su enfoque participativo: la coordinación entre Gobierno federal, estatal y municipal, junto con dependencias sectoriales, crea un modelo de gobernanza integrada. Se espera que cada municipio active comités ciudadanos para co–diseñar, supervisar y evaluar las obras. También se contempla la integración de un Mando Único de seguridad territorial para los 10 municipios, anunciada como parte del mismo plan.

El diseño del programa incorpora criterios de género, priorizando infraestructura peatonal segura, iluminación y transporte accesible para mujeres. La construcción de senderos seguros y mejoras en infraestructura urbana buscan facilitar desplazamientos de niñas, adolescentes y mujeres trabajadoras, quienes recorren más trayectos y enfrentan riesgos elevados.

Para garantizar transparencia y efectividad, el gobierno habilitará mecanismos de rendición de cuentas periódicas, seguimiento técnico e informes públicos. El financiamiento mixto será administrado por un fondo fiduciario, con vigilancia técnica desde Banobras y supervisión de entidades federales, estatales y municipales. Se enfatiza que el éxito dependerá de la articulación institucional, la participación comunitaria y la capacidad de convertir recursos en obras tangibles.