El sector de la construcción atraviesa una difícil situación debido al retraso en la ejecución de la obra pública, afectando proyectos viales, educativos, sanitarios y habitacionales. Las causas principales se relacionan con la burocracia administrativa, la falta de liquidez en gobiernos locales y el encarecimiento de materiales como cemento y acero. Esta ralentización ha generado la paralización de miles de empleos y pérdidas millonarias, golpeando también al comercio y los servicios asociados. Comunidades enteras ven retrasada la construcción de escuelas, hospitales y carreteras, lo que amplía la desigualdad y debilita la confianza en las instituciones. Gremios del sector han solicitado medidas urgentes al gobierno para agilizar pagos y destrabar procesos. Si no se actúa con rapidez, la crisis podría profundizarse y comprometer seriamente la reactivación económica y social del país.
Fecha:Tuesday 09 Sep de 2025
Gestor:INSTITUTO IDARC
El sector de la construcción, considerado uno de los pilares del desarrollo económico y social, enfrenta una nueva dificultad: el retraso en la ejecución de la obra pública. Proyectos de infraestructura vial, sanitaria, educativa y habitacional han experimentado demoras significativas, lo que ha generado preocupación entre empresas constructoras, trabajadores y comunidades que esperan el beneficio de estas inversiones.
Expertos señalan que la ralentización obedece a una combinación de factores. Entre los más relevantes están la burocracia administrativa en la adjudicación de contratos, la falta de liquidez en gobiernos locales y regionales, así como el encarecimiento de materiales de construcción como acero, cemento y combustibles. La situación se agrava por la inestabilidad política y financiera, que retrasa desembolsos y compromete la continuidad de proyectos estratégicos.
La consecuencia más inmediata es la paralización de miles de empleos directos e indirectos. Obreros, técnicos, ingenieros y proveedores de insumos ven reducidas sus fuentes de ingresos, generando un efecto dominó en el comercio, transporte y servicios asociados. Según gremios del sector, cada mes de retraso representa pérdidas millonarias y una disminución del dinamismo económico en las regiones más dependientes de la obra pública.
Las comunidades también se ven gravemente afectadas. La demora en la construcción de escuelas, hospitales, carreteras y sistemas de agua potable retrasa la mejora de la calidad de vida de miles de ciudadanos. Organizaciones sociales advierten que el incumplimiento de plazos compromete la confianza en las instituciones y aumenta la brecha de desigualdad, especialmente en zonas rurales.
La Cámara de la Construcción y los colegios de ingenieros han exhortado a las autoridades a implementar medidas urgentes para agilizar procesos y garantizar los pagos oportunos. Proponen la creación de mesas técnicas de coordinación entre el Estado y los contratistas, así como la flexibilización de trámites que hoy bloquean el avance de obras críticas.
Un representante empresarial señaló: “El retraso en la obra pública no solo afecta a las empresas, sino a miles de familias que dependen de estos proyectos. Si no se corrige, la crisis del sector se profundizará”. Por su parte, analistas advirtieron que la inversión pública, que debería actuar como motor contracíclico en tiempos de desaceleración, está perdiendo su efectividad.
El retraso en la obra pública constituye una amenaza seria para la estabilidad del sector construcción y para la reactivación económica en general. Mientras no se implementen soluciones efectivas, el país corre el riesgo de ver paralizados proyectos vitales para su desarrollo, comprometiendo tanto la generación de empleo como el bienestar social.