Innovaciones en infraestructura y financiamiento impulsan la eficiencia en Uruguay

Uruguay está adoptando modelos contractuales innovadores para mejorar la infraestructura, destacando los contratos CREMAF que combinan financiamiento público y privado para optimizar costos y plazos. Este esquema permite mayor eficiencia en la ejecución de obras viales, reduce riesgos y mejora la calidad. Aunque enfrenta desafíos en planificación y gestión, presenta grandes oportunidades para el desarrollo sostenible del país. La transparencia y capacitación serán clave para consolidar estos avances.

Con el inicio de un nuevo período de gobierno en marzo de 2025, Uruguay se enfrenta a la oportunidad de redefinir su agenda de infraestructura, priorizando proyectos que impulsen el desarrollo económico y social del país. La infraestructura no solo es esencial para la conectividad y competitividad, sino que también refleja la capacidad del Estado para gestionar recursos y ejecutar proyectos de manera eficiente. En este contexto, los contratos CREMAF (Contratos de Rehabilitación y Mantenimiento con Financiamiento) emergen como una herramienta innovadora para mejorar la ejecución de obras viales, equilibrando costos, plazos y calidad.

Modelos contractuales en la infraestructura uruguaya

Uruguay ha utilizado diversos modelos contractuales para la ejecución de obras públicas, adaptándolos a las necesidades y características de cada proyecto. Los contratos tradicionales de obra pública han sido la base histórica, donde el Estado financia y supervisa directamente las obras. Sin embargo, este modelo ha mostrado limitaciones en términos de agilidad y eficiencia, especialmente en proyectos de gran envergadura.

Los contratos de Participación Público-Privada (PPP) fueron introducidos como una alternativa para involucrar al sector privado en la financiación y gestión de proyectos, buscando optimizar recursos y tiempos. Aunque han tenido éxito en ciertos casos, las críticas se han centrado en la complejidad para lograr cierres financieros y en los riesgos asociados a la ejecución y mantenimiento a largo plazo.

En respuesta a estas limitaciones, surgieron los CREMAF, que combinan elementos de los modelos anteriores, ofreciendo una estructura flexible y adaptada a las necesidades actuales del país. Este enfoque busca mejorar la eficiencia en la ejecución de obras viales, reduciendo costos y plazos, y promoviendo una infraestructura moderna y sostenible.

Características y funcionamiento de los CREMAF

Una de las innovaciones centrales de los CREMAF es su modelo de pago híbrido. El 30% de la inversión se paga mediante pagos por disponibilidad, similar a los contratos PPP, para garantizar que el privado tenga incentivos a finalizar la obra en tiempo y forma, asumiendo riesgos de construcción y disponibilidad. El restante 70% se financia a través de Certificados Irrevocables de Pago (CIP), que permiten al privado vender esta deuda transfiriendo al financista un título similar a deuda pública, pero sin que el Estado emita deuda directamente.

Este esquema ha logrado agilizar el inicio de obras y reducir significativamente los sobreplazos asociados a los contratos PPP. En lugar de que el Estado emita deuda soberana para financiar directamente ese 70%, se le transfiere al privado la responsabilidad de gestionar ese financiamiento, vendiendo los CIP en el mercado. Este mecanismo implica un costo adicional estimado entre 1% y 1,4% más que si el Estado hubiera emitido la deuda soberana directamente y con ese dinero pagarle el 70% de la obra al privado.

A pesar de este costo adicional, el modelo CREMAF ha demostrado ser financieramente más eficiente que otros esquemas. La tasa de financiamiento de los CREMAF es notoriamente más baja que la que usualmente se aplica a los contratos PPP, donde el spread ha rondado el 2,7% sobre la tasa soberana. Esto ha permitido una reducción significativa en los costos totales de los proyectos, beneficiando tanto al Estado como a los ciudadanos.

Impacto en la ejecución de obras y reducción de plazos

La implementación de los CREMAF ha tenido un impacto positivo en la ejecución de obras viales en Uruguay. Al transferir parte del financiamiento al sector privado y ofrecer incentivos claros para la finalización oportuna de los proyectos, se ha logrado una mayor eficiencia en la gestión de los mismos. Esto ha resultado en una reducción de los plazos de ejecución y en una mayor calidad en las obras entregadas.

Además, este modelo ha permitido una mejor planificación y coordinación entre los distintos actores involucrados en los proyectos, facilitando la identificación y resolución de posibles obstáculos antes de que se conviertan en problemas significativos. La transparencia en los procesos y la rendición de cuentas también se han visto fortalecidas, contribuyendo a una mayor confianza pública en la gestión de la infraestructura.

La experiencia acumulada en la implementación de los CREMAF ha proporcionado valiosas lecciones que pueden aplicarse a futuros proyectos, no solo en el ámbito vial, sino también en otras áreas de infraestructura crítica, como el transporte urbano, la energía y las telecomunicaciones. La adaptabilidad del modelo permite su aplicación en diversos contextos, siempre que se mantengan los principios de eficiencia, sostenibilidad y equidad.

Desafíos y consideraciones para el futuro

A pesar de los avances logrados con los CREMAF, existen desafíos que deben ser abordados para garantizar su efectividad a largo plazo. Uno de los principales retos es la necesidad de una planificación estratégica que identifique las prioridades de infraestructura del país y asigne los recursos de manera eficiente. Esto requiere una visión a largo plazo y una coordinación efectiva entre los distintos niveles de gobierno y el sector privado.

Otro desafío es la capacitación y fortalecimiento de las capacidades técnicas y administrativas del Estado para gestionar los contratos CREMAF de manera efectiva. Es fundamental contar con personal capacitado que pueda supervisar y evaluar adecuadamente los proyectos, asegurando el cumplimiento de los estándares de calidad y los plazos establecidos.

Además, es necesario continuar promoviendo la transparencia y la participación ciudadana en los procesos de planificación y ejecución de obras, garantizando que las decisiones tomadas respondan a las necesidades reales de la población y contribuyan al desarrollo sostenible del país.

Los contratos CREMAF representan una innovación significativa en la forma en que Uruguay aborda la ejecución de proyectos de infraestructura. Al combinar elementos de los modelos tradicionales y PPP, ofrecen una solución flexible y eficiente que ha demostrado ser efectiva en la reducción de costos y plazos, sin comprometer la calidad de las obras. Sin embargo, para maximizar los beneficios de este modelo, es esencial abordar los desafíos mencionados y continuar fortaleciendo las capacidades del Estado y la participación de la sociedad en los procesos de infraestructura.

Con una planificación estratégica adecuada, una gestión eficiente y un compromiso con la transparencia y la sostenibilidad, Uruguay tiene la oportunidad de consolidar su infraestructura como un motor clave para el desarrollo económico y social del país en los próximos años.