Inversión pública histórica en 2025: obras estratégicas y alianzas clave para el desarrollo nacional

Entre enero y mayo de 2025, la inversión pública en Perú alcanzó un récord de S/ 19 347 millones, gracias a la ejecución de obras prioritarias como el Puente Picota en San Martín y el muelle turístico de Huanchaco en La Libertad. Este impulso se sustentó en mecanismos innovadores como Obras por Impuestos y asociaciones público‑privadas, que permitieron acelerar la ejecución de proyectos con impacto social y económico. Este artículo analiza el contexto, los principales hitos, los esquemas de financiamiento, los desafíos técnicos y las perspectivas de consolidación de infraestructura al servicio del país.

Durante los primeros cinco meses de 2025, la inversión pública consolidada alcanzó un nivel histórico de S/ 19 347 millones, reflejando el compromiso del Estado por dinamizar la economía mediante infraestructura de calidad. Este resultado supera todos los registros previos en el periodo enero‑mayo, destacando la capacidad operativa de los gobiernos central, regionales y municipales. El crecimiento coincide también con una política fiscal expansiva que priorizó proyectos llave en mano, buscando generar empleo y competitividad territorial.

Este nivel de inversión es posible por una suma de factores: presupuesto comprometido al 100 %, priorización de obras estructurales y simplificación de procesos. Asimismo, la articulación de entidades técnicas con mecanismos de financiamiento alternativos contribuyó a superar barreras tradicionales. El éxito de este semestre es reflejo de una gestión pública más ágil, que ha conseguido sacar adelante megaproyectos de manera oportunamente eficiente y transparente.

Cabe resaltar que proyectos emblemáticos como los puentes, muelles, hospitales, colegios y caminos rurales se encuentran en su fase activa. Esto permite no solo una inyección de recursos inmediata en economías locales, sino también la base para el crecimiento a mediano plazo. El dinamismo de la inversión es una señal clara del esfuerzo coordinado entre niveles de gobierno para cerrar brechas y mejorar la calidad de vida en comunidades vulnerables.

Principales proyectos con impacto social

Dos de las obras más emblemáticas del periodo fueron el Puente Picota, en la región de San Martín, y el muelle turístico de Huanchaco, en La Libertad. El Puente Picota permitirá la movilidad de alrededor de 30 000 personas y facilitará el desarrollo económico, reduciendo tiempos de viaje y mejorando el acceso a servicios básicos. Su reconstrucción o rehabilitación es clave para proteger comunidades frente a fenómenos climáticos como inundaciones.

Por su parte, el muelle en Huanchaco, cuyo presupuesto supera los S/ 29,7 millones, aporta no sólo a la infraestructura costera sino también al turismo. Su construcción de acceso, plazas y áreas de descanso se enmarca en una estrategia para atraer visitantes y dinamizar la economía local mediante actividades recreativas, culturales y pesqueras. Este tipo de obra es ejemplo de la apuesta por proyectos que integren desarrollo económico y social en zonas de alto potencial.

Ambas intervenciones son emblemáticas al combinar inversión pública con impacto directo en poblaciones rurales y urbanas. Generan empleo durante su construcción y consolidan frecuencias turísticas y comerciales futuras. Asimismo, pueden funcionar como piezas piloto para replicar el esquema mixto en otras regiones, apuntalando una agenda de desarrollo descentralizado y sostenible.

Implementación de esquemas innovadores

La ejecución de obras emblemáticas ha sido posible gracias a modelos como Obras por Impuestos (OxI) y asociaciones público‑privadas (APP). El primero permite que empresas privadas realicen inversiones en infraestructura a cambio de una reducción en su impuesto a la renta. Este mecanismo acelera el pago y reduce la presión sobre el presupuesto público, favoreciendo proyectos que impactan directamente en la sociedad.

En los primeros cinco meses del año, las adjudicaciones por OxI alcanzaron más de S/ 1 100 millones, triplicando lo alcanzado en el mismo periodo de 2024. Asimismo, ProInversión informó que los montos adjudicados fueron 2,5 veces superiores al año anterior, con más de 2.5 veces el volumen de proyectos. Esto refleja un éxito de este modelo flexible, que han sido activado por sindicatos, bancos e industrias para recuperar terreno tras una ralentización en años previos.

Por su parte, las APP han permitido mantener grandes proyectos sin poner toda la carga financiera en el Estado. Hospitales, centros educativos o carreteras se han dado bajo este esquema, atrayendo inversión privada y expertise técnico. De esta forma, se fortalece la cadena de provisión integral y se mejora la calidad de servicio por la apuesta conjunta de los sectores público y privado.

Avances estructurales y sus beneficios

El récord de inversión se traduce en avances concretos en infraestructura clave. La rehabilitación de caminos entre centros poblados reduce los costos logísticos, mejora el acceso a mercados y permite el posicionamiento de productos agrícolas. La construcción de colegios y hospitales impacta directamente en el capital humano de zonas rurales, impulsando desarrollo a largo plazo.

Adicionalmente, se han ejecutado obras de irrigación, electricidad rural y agua potable, esenciales para la salud y el bienestar comunitario. Estos proyectos no sólo contemplan impacto inmediato, sino también mantenimiento sostenible. Facilitan la reducción de brechas urbanas y animan a las juventudes rurales a permanecer en sus territorios, revirtiendo dinámicas de migración.

La reactivación de muelles y obras turísticas dinamiza sectores estratégicos sin precedentes en años anteriores. Permiten la formalización de cadenas productivas locales ligadas al turismo, gastronomía y servicios, con proyecciones de generar empleo directo e indirecto. Estos beneficios redefinen la concepción de inversión pública como motor de desarrollo económico integrado.

Efectos fiscales y macroeconómicos

El impulso a la inversión pública genera efectos positivos sobre las finanzas nacionales. Por un lado, la ejecución de presupuesto reduce la necesidad de endeudamiento adicional. Por otro, las Asociaciones Público‑Privadas liberan recursos para otras iniciativas cuando el Estado no asume todo el costo. El uso del mecanismo OxI también contribuye a crecer sin aumentar el déficit fiscal.

Estos esfuerzos han sido posibles gracias a una política fiscal expansiva, que priorizó inversión sin deteriorar la sostenibilidad macroeconómica. Además, la acumulación de obras con inversión balanceada contribuye a mejorar el entorno para créditos internacionales, rating de deuda y flujo de inversión extranjera. El campo fiscal peruano mejora ante organismos multilaterales.

La realización de obras con impacto social también promueve una mayor recaudación tributaria en el futuro, al mejorar la movilidad, productividad y formalización económica de las áreas intervenidas. Esto genera un ciclo virtuoso de ingresos públicos recurrentes, con menor dependencia de impuestos directos e indirectos, y con una mayor transparencia en el manejo presupuestario.

Desafíos en ejecución y sostenibilidad

A pesar del éxito en inversión, los desafíos son concretos. La capacidad técnica de gobiernos regionales y locales puede ser limitada, lo que demanda fortalecimiento institucional para asegurar supervisión y calidad en ejecución. Capacitación, acompañamiento y asistencia técnica del gobierno nacional son clave para mejorar resultados y sostenibilidad de los proyectos.

El mantenimiento posterior de infraestructura es otro reto. El despliegue veloz de obras debe ir acompañado de planes robustos de operación y conservación. Si no, las intervenciones pierden impacto en el mediano plazo. Asociaciones público‑privadas con cláusulas de mantenimiento, y proyectos OxI con planes de mantenimiento por parte de empresas, buscan mitigar este riesgo.

Finalmente, es esencial articular planificación estratégica entre niveles de gobierno, evitando proyectos aislados y focalizándolos en planes de desarrollo regional. Esto incluye integración con zonas de industrialización, turismo, áreas rurales y corredores logísticos. Solo así se garantiza que la inversión genere cadena de beneficios acumulativos.

Participación ciudadana e inclusión social

La transparencia y rendición de cuentas deben acompañar el récord de inversión. Los mecanismos participativos con la comunidad, controles ciudadanos y rendiciones públicas son piezas clave para evitar desvíos, asegurar calidad e incrementar la legitimidad de la acción estatal. La percepción de la sociedad frente a la mejora tangible de obras es clave para el respaldo político.

En las regiones afectadas, las obras generan empleo local, tanto directamente como en cadena de suministro. Esto promueve una mayor participación y vocación por espacios comunitarios habilitados para educación, salud y transporte. Así, la intervención pública se convierte en fuente de desarrollo local y formación de capital social.

La inclusión de minorías, mujeres y jóvenes en actividades asociadas a la construcción pública amplía el impacto social. Los esquemas OxI y APP suelen incluir cláusulas para que parte del empleo generado sea reservado para grupos vulnerables, lo que fortalece el carácter social de la inversión.

Fortalecimiento del ecosistema de infraestructura

El impulso de inversión pública refuerza el ecosistema privado de construcción, ingeniería, servicios y maquinaria. Las empresas del rubro aumentan su capacidad operativa, innovación y generación de empleo técnico. Asimismo, crecen las encadenamientos productivos locales y, a mediano plazo, se profundiza el desarrollo de capacidades nacionales.

Las constructoras nacionales ganan experiencia y escala para competir en el extranjero. Las alianzas público‑privadas incentivadas por ProInversión permiten incorporar tecnología extranjera y elevar estándares constructivos, generando un círculo virtuoso de aprendizaje y competitividad.

La experiencia adquirida fortalece a la institucionalidad para futuras convocatorias. La acumulación de proyectos OxI, APP y ejecución directa establece una cultura de gestión eficiente, con protocolos, plazos, mecanismos de supervisión y herramientas digitales que facilitan la continuidad del desarrollo.

Sostenibilidad ambiental en la inversión pública

Los proyectos están incorporando criterios de sostenibilidad. Se promueve el uso de materiales amigables con el entorno, mantenimiento de cuencas y mitigación de impactos durante la construcción. El enfoque ambiental garantiza obras resilientes frente a fenómenos climáticos.

Infraestructuras de agua, saneamiento y muelles turísticos también integran sistemas sostenibles: filtros, manejo de residuos, uso de espacios verdes y rehabilitación de riberas. Estas intervenciones además de servir a comunidades, cuidan el entorno y fomentan el turismo ecológico.

Finalmente, las APP y OxI incluyen cláusulas verdes: se exige el uso de energía renovable, gestión de residuos y el monitoreo de impacto ambiental pos obra. Esta incorporación eleva la calidad de los proyectos y posiciona a Perú como referente en infraestructura sostenible regional.

Perspectivas y consolidación hacia final de 2025

De cara al segundo semestre, se prevé que la inversión pública supere los S/ 40 000 millones al cierre del año, gracias al avance de presupuestos, OxI y APP. Proyectos hospitalarios, carreteros y de agua están en lista para inicio. Se prevé consolidar el ciclo para cerrar la brecha nacional de infraestructura.

Se requiere reforzar la articulación intergubernamental, garantizar transferencia de capacidades y mejorar la calidad de supervisión. Continuar el acercamiento con agencias multilaterales permitirá que proyectos de mayor escala accedan a financiamiento externo barato y planes de cooperación técnica.

Con decisión política y consolidación de capacidades, Perú puede transformar el impulso de 2025 en un ciclo de desarrollo sostenido. La infraestructura pública podría convertirse en factor de competitividad, bienestar y crecimiento regional, rompiendo con la visión de proyectos aislados y consolidando un modelo basado en infraestructura como palanca de progreso.