El Gobierno argentino redefine sus prioridades en vivienda y hábitat

En un movimiento de profunda envergadura institucional, el Gobierno argentino anunció la eliminación de la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda el pasado mes de abril de 2025. Esta dependencia, encargada desde su creación de diseñar y ejecutar las políticas de vivienda social y de coordinar programas emblemáticos como Procrear y Casa Propia, fue absorbida por otras áreas del Ejecutivo en el marco de una reestructuración estatal orientada a optimizar recursos y reducir la estructura burocrática. La medida afectó directamente a cerca de 500 empleados que se desempeñaban en la Secretaría, quienes fueron reubicados en diferentes ministerios y organismos con funciones afines.

Contexto y Orígenes de la Secretaría de Vivienda

La Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda había sido establecida en 2019 con el objetivo de centralizar la gestión de los programas habitacionales y de ordenar la política de suelo en todo el país. A través de ella, el Estado impulsó la construcción de miles de unidades habitacionales, tanto en zonas urbanas como en áreas periurbanas y rurales. Programas como Procrear tuvieron un rol destacado al facilitar créditos hipotecarios accesibles y subsidios directos para la compra de viviendas, mientras que Casa Propia diseñó soluciones minimalistas de construcción prefabricada para sectores de bajos ingresos.

Desde su creación, la Secretaría desarrolló un modelo de trabajo basado en alianzas público-privadas, convenio con provincias y municipios, y en planes de financiamiento mixtos que combinaron recursos nacionales, provinciales y aportes privados. Estos esfuerzos permitieron lanzar líneas de crédito para refacción y ampliación de hogares, así como programas de urbanización de villas y asentamientos informales. Para 2024, se estimaba que más de 200.000 familias se habían beneficiado de alguna línea de la Secretaría, posicionándola como pilar fundamental de la política social.

Motivos de la Reestructuración Estatal

El anuncio de eliminación de la Secretaría fue motivado oficialmente por la necesidad de "optimizar la estructura administrativa" y reducir la "superposición de funciones" en el Ejecutivo nacional. Tras una auditoría interna que recomendó la simplificación de organismos y la concentración de áreas afines, el Presidente dispuso que las competencias de la Secretaría pasaran principalmente al Ministerio de Obras Públicas y al Ministerio de Desarrollo Social.

Desde el Ejecutivo se argumentó que esta redistribución permitirá agilizar los trámites y concentrar en un mismo ministerio la planificación, ejecución y supervisión de obras públicas, incluyendo aquellas de carácter habitacional. Asimismo, se destacó que el Ministerio de Desarrollo Social asumirá la coordinación de las acciones vinculadas al hábitat y la urbanización de asentamientos informales, garantizando un enfoque integral que contemple tanto infraestructura como servicios sociales.

No obstante, el cambio también se presenta en un contexto de restricciones presupuestarias. Con un déficit fiscal que ronda el 5 % del PIB y presiones de organismos multilaterales para reducir el gasto público, la eliminación de esta Secretaría forma parte de un paquete más amplio de recortes y reordenamiento del Estado diseñado para contener los gastos corrientes.

Impacto en los Empleados Afectados

La desaparición de la Secretaría afectó a casi 500 trabajadores estatales, entre personal jerárquico, técnico y administrativo. El Ministerio de Trabajo y el gabinete de coordinación social delinearon un plan de traslado "ordenado y solidario": los empleados obtendrán plaza en otras dependencias estatales que requieren personal con experiencia en gestión de proyectos habitacionales y urbanísticos. Hasta el momento, se han firmado convenios internos para reubicar al 85 % de los afectados en unidades de gestión provincial, secretarías de Hábitat de CABA y organismos descentralizados de vivienda.

Para evitar suspensiones o cesantías, el Estado ofreció cursos de capacitación exprés en áreas como gestión de financiamiento, urbanismo sostenible y control de calidad de la vivienda social. Esta estrategia busca que el personal pueda integrarse rápidamente en sus nuevos roles y aporten sus conocimientos a la ejecución de proyectos bajo la nueva estructura.

A pesar de estas garantías, gremios estatales expresaron preocupación por la posible pérdida de know-how institucional y la desmotivación que puede generar el cambio abrupto de funciones. Algunos trabajadores relataron incertidumbre sobre las condiciones laborales y la adecuación de las tareas en los nuevos destinos.

Repercusiones en los Programas Procrear y Casa Propia

Los programas Procrear y Casa Propia, dos de los más reconocidos de la Secretaría eliminada, continuarán sus operaciones, aunque bajo la responsabilidad de otros ministerios. Procrear pasó a la órbita del Ministerio de Obras Públicas, que asumirá la administración de las líneas de crédito hipotecario, mientras que Casa Propia fue asignado al Ministerio de Desarrollo Social para potenciar su componente de vivienda prefabricada y asentamientos formales.

El traslado de estas iniciativas ha generado interrogantes sobre la continuidad de los procesos de adjudicación y desembolso de los fondos. Autoridades de ambos ministerios han asegurado que no habrá demoras significativas y que los usuarios seguirán accediendo a las convocatorias según el calendario previsto. Por su parte, organizaciones de la sociedad civil y estudios de la industria de la construcción recomendaron conformar mesas mixtas de seguimiento para monitorear la transición y garantizar la transparencia de los nuevos procedimientos.

Además, se prevé reforzar la tecnología de gestión a través de plataformas digitales unificadas que integren expedientes de crédito y de obras, con el objetivo de reducir la carga burocrática y mejorar la trazabilidad de los recursos. Esta apuesta por la digitalización puede convertirse en un legado positivo si se implementa con agilidad y claridad en los protocolos.

Reacciones Políticas y Sociales

El anuncio de la eliminación de la Secretaría generó un amplio debate político. Legisladores de la oposición criticaron la medida como un recorte a la inversión social y advirtieron sobre posibles demoras en la ejecución de proyectos. Argumentaron que concentrar funciones en ministerios de gran tamaño puede diluir la visibilidad de los programas de vivienda y restar autonomía a las acciones específicas de hábitat.

Mientras tanto, voces oficialistas defendieron el cambio, señalando que la integración funcional con Obras Públicas y Desarrollo Social garantizará una visión más global de las intervenciones en territorio y potenciará la coordinación interministerial. Asimismo, destacaron que la racionalización administrativa liberará fondos que podrán redirigirse a obras concretas.

En los barrios donde operan proyectos de vivienda social, vecinos y comités de desarrollo urbano manifestaron inquietud por la falta de información durante la etapa inicial del anuncio. Sin embargo, trabajadores sociales y líderes comunitarios han organizado encuentros locales para aclarar dudas y recibir detalles sobre la asunción de responsabilidades por parte de los nuevos organismos.

Perspectivas y Desafíos a Futuro

La eliminación de la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda abre un nuevo escenario para la política habitacional argentina. El éxito de esta reestructuración dependerá de la eficacia con que los ministerios receptores asuman las competencias, mantengan la calidad de los procesos y aseguren la continuidad de los programas.

Entre los principales desafíos se encuentran:

• Coordinación interministerial: Evitar solapamientos y brechas en la gestión, estableciendo protocolos claros de comunicación y seguimiento.

• Transparencia y rendición de cuentas: Mantener informada a la ciudadanía sobre los avances y posibles demoras, a través de portales de datos abiertos y mesas de diálogo.

• Gestión del conocimiento: Preservar el expertise acumulado por los trabajadores de la extinta Secretaría, aprovechando su experiencia para fortalecer las nuevas estructuras.

• Fortalecimiento de la participación ciudadana: Incluir a los beneficiarios y a la sociedad civil en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas habitacionales.

• Control presupuestario eficiente: Asegurar que los recursos asignados a Procrear, Casa Propia y otros programas no sufran recortes encubiertos durante la transición.

Si estos puntos son abordados con rigor y compromiso, la reestructuración podría traducirse en una política de vivienda más cohesionada y efectiva, alineada con las necesidades de los sectores vulnerables y con la visión de desarrollo urbano sostenible.

Conclusión

La eliminación de la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda representa un paso audaz en la reconfiguración del aparato estatal argentino. Aunque motivada por la búsqueda de eficiencia y ahorro, la medida implica un riesgo político y técnico si no se maneja con cuidado la transición de competencias y la continuidad de los programas sociales. El desafío que enfrenta el Gobierno es demostrar que la nueva estructura podrá sostener los logros alcanzados en los últimos años y, al mismo tiempo, optimizar la gestión para ofrecer soluciones habitacionales más ágiles, transparentes y equitativas para todos los argentinos.