Crisis en el sector construcción en Argentina

En mayo de 2025, el sector construcción en Argentina enfrenta una severa crisis: el 69% de empresarios reportó caída en la actividad, principalmente por el alza de costos, baja demanda e incertidumbre cambiaria. La paralización de obras públicas agravó la pérdida de empleo. Pese al panorama adverso, algunos proyectos privados persisten con innovación. El futuro depende de políticas claras y estímulos a la inversión.

El sector de la construcción en Argentina atraviesa una de sus peores crisis en años, con cifras que revelan una contracción profunda en todos los segmentos de la industria. Según el Estudio de Opinión Construya (EOC), el 69% de los empresarios encuestados reportaron una disminución en su nivel de actividad respecto al año anterior. Este dato es especialmente alarmante si se considera que el 46% de ese grupo indicó que la caída superó el 20%. Las cifras ponen en evidencia una desaceleración no solo cíclica, sino también estructural del sector, afectando tanto a obras privadas como públicas.

Este contexto ha generado preocupación en diversos actores económicos, dado que la construcción es una de las principales generadoras de empleo en el país. La retracción del sector no solo afecta a las grandes empresas constructoras, sino también a una vasta red de pymes, contratistas, proveedores de insumos y trabajadores informales. Además, el efecto multiplicador de esta industria sobre otras áreas, como la producción de cemento, acero y equipamiento, amplifica las consecuencias negativas de su contracción. Se estima que por cada punto porcentual de caída en la construcción, se pierden miles de puestos de trabajo a nivel nacional.

La ralentización del ritmo de obras impacta directamente en el consumo interno y contribuye a un círculo vicioso de menor inversión y mayor incertidumbre. Muchos proyectos han sido suspendidos o ralentizados, afectando las metas de desarrollo urbano y habitacional. Las ciudades que dependían de la expansión inmobiliaria como motor económico también comienzan a resentir esta parálisis. Todo ello confirma que la crisis del sector no es aislada, sino un síntoma claro de la fragilidad del sistema económico actual.

Factores determinantes: costos, demanda e incertidumbre

Entre las principales causas que explican esta fuerte desaceleración se encuentran el aumento sostenido de los costos de construcción, la baja demanda del mercado y la persistente incertidumbre cambiaria. El encarecimiento de materiales, la falta de previsibilidad en los precios y la volatilidad del dólar han hecho que los proyectos pierdan rentabilidad. A esto se suma el incremento en los precios de la mano de obra y los insumos importados, muchos de los cuales están sujetos a restricciones y demoras en la cadena de suministro.

En términos de demanda, la retracción del poder adquisitivo ha sido determinante. Con una inflación que supera el 200% interanual y salarios reales estancados, la clase media ha dejado de invertir en bienes inmuebles, y las empresas desarrolladoras prefieren posponer sus lanzamientos hasta tener mayor certidumbre. El mercado de crédito hipotecario, prácticamente inexistente, impide a las familias acceder a la vivienda propia. Así, el sector residencial, históricamente un pilar del crecimiento de la construcción, se encuentra en estado de parálisis.

La incertidumbre cambiaria es otro factor central. La inestabilidad del tipo de cambio desalienta las inversiones de largo plazo, ya que los costos se pactan en pesos mientras los insumos se cotizan en dólares. Muchos inversores prefieren resguardar su capital en activos líquidos o directamente en divisas extranjeras, abandonando proyectos de desarrollo inmobiliario o industrial. Esta situación genera un clima adverso que solo puede revertirse con políticas claras y sostenibles a mediano y largo plazo.

Efectos laborales: caída del empleo y conflicto gremial

El impacto laboral de esta crisis ha sido devastador. La parálisis de obras públicas y privadas ha dejado a miles de trabajadores sin empleo, especialmente en regiones donde la construcción es uno de los motores de la economía local. De acuerdo con datos recientes, solo en el primer trimestre de 2025 se perdieron más de 13.000 puestos de trabajo formales en el sector. Esta cifra no contempla la informalidad, que en la construcción es particularmente elevada, lo que sugiere un escenario aún más grave.

El gremio de los obreros de la construcción, representado por la UOCRA, ha manifestado su preocupación ante el deterioro constante del empleo y la precarización de las condiciones laborales. En mayo, el sindicato declaró el estado de alerta y movilización, exigiendo respuestas del Gobierno y mayores compromisos del sector privado. A esto se suma el estancamiento de las negociaciones salariales, que no logran compensar el efecto de la inflación sobre los ingresos de los trabajadores.

La conflictividad social crece en paralelo con el deterioro del empleo. En varias provincias se registraron protestas de trabajadores despedidos, interrupciones en obras y reclamos frente a las sedes de empresas e instituciones públicas. En un contexto de alta inflación y pérdida de poder adquisitivo, los conflictos laborales amenazan con intensificarse si no se implementan medidas urgentes para reactivar el sector. La pérdida de empleos no solo afecta a los trabajadores, sino también a sus familias y a la economía local.

Paralización de la obra pública y sus consecuencias

Uno de los factores que más ha contribuido a la caída de la actividad es la virtual paralización de la obra pública a nivel nacional. El Gobierno de Javier Milei decidió reducir drásticamente el gasto público en infraestructura como parte de su plan de ajuste fiscal. Esta decisión impactó de lleno en rutas, hospitales, escuelas y viviendas sociales que se encontraban en ejecución. Según fuentes oficiales, más del 60% de las obras financiadas por el Estado se encuentran paralizadas o demoradas.

La cancelación de estos proyectos no solo implica la pérdida de empleo directo, sino también la interrupción de obras estratégicas para el desarrollo regional. Muchos municipios ven afectada su conectividad y capacidad de prestación de servicios, mientras que las comunidades más vulnerables pierden oportunidades de acceso a viviendas dignas o redes de saneamiento. Además, la falta de inversión pública desalienta la inversión privada, generando un efecto dominó negativo sobre toda la cadena productiva del sector.

La parálisis también pone en riesgo la infraestructura ya construida. En muchos casos, las obras detenidas sufren deterioros por falta de mantenimiento o por actos de vandalismo. Esto representa una pérdida de recursos públicos y una amenaza a la eficiencia de futuras inversiones. En consecuencia, diversos sectores piden que se replantee la política de ajuste en infraestructura, priorizando proyectos con alto impacto social y económico, y retomando aquellos con un alto grado de avance.

Proyectos privados e iniciativas resilientes

A pesar del difícil contexto, existen algunas iniciativas privadas que se mantienen activas y buscan innovar para resistir la crisis. En zonas suburbanas de Buenos Aires, por ejemplo, se ha observado un ligero repunte en desarrollos inmobiliarios orientados a segmentos de alto poder adquisitivo. Proyectos en Tigre, Escobar, Pilar y Canning avanzan gracias al financiamiento directo de los compradores o mediante fideicomisos cerrados que brindan mayor previsibilidad a los desarrolladores.

En el ámbito comercial, algunas cadenas de supermercados, centros logísticos y empresas tecnológicas continúan ampliando su infraestructura. Estas obras, si bien no compensan la caída general del sector, mantienen cierta demanda de servicios de ingeniería y construcción especializada. También se destacan algunos proyectos de energías renovables y agroindustria en el interior del país, impulsados por capitales extranjeros o asociaciones público-privadas que lograron asegurar financiamiento externo.

La resiliencia del sector depende en gran medida de su capacidad de adaptación y de innovación. En ese sentido, algunas empresas han comenzado a adoptar modelos constructivos más eficientes, utilizando tecnologías como el BIM (Modelado de Información de Construcción), impresión 3D o módulos prefabricados. Estas estrategias permiten reducir costos y tiempos de ejecución, lo que resulta clave en un entorno de escasa liquidez. No obstante, su aplicación aún es limitada y requiere mayor impulso institucional.

Expectativas y propuestas para la reactivación

Frente a este panorama complejo, el futuro del sector dependerá en gran medida de las políticas que adopte el Gobierno nacional y de la capacidad de los actores privados para sostener inversiones. Según el mismo estudio del Grupo Construya, el 47% de los empresarios consultados manifestó expectativas de mejora para los próximos doce meses. Sin embargo, este optimismo es moderado y está condicionado a una estabilización macroeconómica y a señales claras en materia de inversión pública.

Entre las propuestas más reiteradas se encuentra la necesidad de establecer un plan de infraestructura federal con financiamiento plurianual, que permita dar continuidad a las obras estratégicas paralizadas. También se sugiere la creación de líneas de crédito específicas para desarrollos inmobiliarios y viviendas, con tasas accesibles y reglas claras. La articulación entre provincias, municipios y Nación será clave para ejecutar obras con impacto territorial que generen empleo y dinamicen la economía local.

A nivel normativo, se reclama mayor previsibilidad impositiva y un marco regulatorio estable que incentive la inversión privada. La simplificación de trámites, la digitalización de expedientes y la agilización de habilitaciones son medidas urgentes para destrabar proyectos pendientes. Asimismo, se plantea fortalecer la formación técnica en oficios vinculados a la construcción, a fin de acompañar una eventual reactivación con mano de obra calificada. Solo con una estrategia integral será posible revertir la crisis actual y recuperar el potencial transformador de este sector clave.