El Gobierno Nacional anunció un plan de choque integral para reactivar el sector de la construcción, uno de los más golpeados en los últimos dos años debido a las altas tasas de interés, la reducción de la demanda y los retrasos en proyectos de infraestructura. La estrategia fue presentada en conjunto con Camacol y otros gremios del sector, quienes alertaron previamente sobre la urgencia de medidas estructurales para evitar una desaceleración prolongada.
El anuncio coincide con el avance legislativo de la Ley de Tierras, una iniciativa clave para la reforma rural integral y para destrabar proyectos estratégicos vinculados con vivienda, desarrollo urbano y modernización portuaria.
Durante 2024 y 2025, el sector construcción enfrentó:
Tasas de interés históricamente altas que encarecieron créditos hipotecarios y de construcción.
Caída significativa en ventas de vivienda social (VIS) y no VIS.
Reducción de inversión privada en obras civiles.
Dificultades financieras para constructoras y pequeñas empresas del sector.
Desempleo creciente en la cadena de valor: cemento, acero, transporte y servicios.
Frente a este panorama, las autoridades reconocen que la construcción es un sector multiplicador que genera más de 1,4 millones de empleos directos e indirectos, razón por la cual se convierte en prioridad económica.
El plan de choque se basa en tres pilares fundamentales:
Fortalecimiento de los subsidios de Mi Casa Ya para hogares de menores ingresos.
Nuevos incentivos para proyectos VIS y VIP, especialmente en municipios intermedios.
Reglas más flexibles para facilitar el acceso al subsidio a familias jóvenes.
Créditos hipotecarios con tasas reducidas mediante alianzas con la banca pública y privada.
Líneas especiales de financiamiento para constructoras afectadas por la caída en ventas.
Apoyo a pequeñas y medianas empresas de la cadena constructora, incluyendo proveedores de materiales.
Aceleración de devoluciones fiscales a promotores de vivienda social.
Ventanas de depreciación acelerada para proyectos de infraestructura prioritaria.
Paralelamente al plan económico, el Congreso avanzó en el debate y aprobación parcial de la Ley de Tierras, considerada fundamental para:
La reforma rural integral,
La legalización y habilitación de predios para proyectos inmobiliarios,
La ampliación de corredores logísticos,
La modernización de puertos marítimos y zonas francas,
La expansión de infraestructura energética y de transporte.
La Ley de Tierras busca ofrecer claridad jurídica sobre la adquisición, uso y ordenamiento del suelo, reduciendo tiempos de trámite que hoy retrasan megaproyectos de infraestructura.
Aplaudieron las medidas y señalaron que podrían reactivar más de 150.000 unidades de vivienda represadas y recuperar dinamismo en obras civiles.
Empresarios
Advirtieron que la clave estará en la velocidad de implementación, especialmente en subsidios y créditos, para evitar que los retrasos afecten la confianza del mercado.
Consideran que la reducción de tasas de interés del Banco de la República durante 2026 será determinante para consolidar la recuperación.
Con el plan de choque y la Ley de Tierras avanzando, las proyecciones para el próximo año incluyen:
Reactivación gradual de ventas de vivienda, especialmente VIS.
Repunte en inversión en infraestructura pública.
Menor desempleo en el sector constructor.
Mayor dinamismo en proyectos logísticos y portuarios.
Estabilidad progresiva del mercado hipotecario.
Si la implementación es efectiva, la construcción podría volver a ser uno de los principales motores económicos del país.