El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, expidió el Decreto 1166 del 4 de noviembre de 2025, que elimina la exigencia de licencia de construcción en programas de mejoramiento de vivienda, autoconstrucción y construcción en sitio propio. La medida busca agilizar procesos y reducir trámites burocráticos, permitiendo que las obras se ejecuten únicamente con una carta de responsabilidad profesional y el respectivo registro ante las autoridades competentes.
Fecha:Thursday 13 Nov de 2025
Gestor:INSTITUTO IDARC
El decreto responde a la necesidad de acelerar el acceso a vivienda digna en sectores populares y rurales, donde los trámites de licenciamiento eran considerados un obstáculo para la ejecución de proyectos.
Carta de responsabilidad profesional: será firmada por arquitectos o ingenieros, quienes asumirán la responsabilidad técnica de las obras.
Registro ante autoridades: se mantiene como requisito para garantizar trazabilidad y control administrativo.
Objetivo principal: facilitar el mejoramiento de viviendas y fomentar la autogestión comunitaria en construcción.
La decisión ha generado preocupación en el sector empresarial y técnico. La Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) advirtió que la eliminación de licencias podría traer riesgos técnicos y fiscales:
Riesgos estructurales: al no contar con una revisión previa de las autoridades, algunas obras podrían incumplir normas de seguridad.
Impacto fiscal: la ausencia de licencias podría dificultar el control tributario y generar pérdidas millonarias en recaudo.
Desconfianza empresarial: constructoras y proveedores temen que la medida incentive prácticas informales en el sector.
El decreto abre un debate sobre el equilibrio entre agilidad administrativa y seguridad técnica:
Podría beneficiar a miles de familias que esperan mejoras rápidas en sus viviendas.
Sin embargo, expertos advierten que la falta de licencias podría derivar en problemas legales y técnicos a mediano plazo.
El sector construcción, que representa un motor clave de la economía, enfrenta el reto de adaptarse a este nuevo esquema regulatorio.
El Ministerio de Vivienda anunció que en los próximos seis meses se implementará un plan de capacitación y certificación de profesionales, con el fin de garantizar que las obras ejecutadas bajo este modelo cumplan estándares mínimos de calidad y seguridad.
Mientras tanto, gremios y asociaciones empresariales insisten en que la medida debe ser revisada para evitar que se convierta en un riesgo estructural y financiero para el país.
Conclusión: El Decreto 1166 de 2025 marca un cambio trascendental en la regulación de la construcción en Colombia. Aunque promete agilizar procesos y facilitar el acceso a vivienda digna, también abre un debate sobre la seguridad, la fiscalización y la sostenibilidad del sector