Colombia elimina licencias para mejoras en viviendas: gremios advierten posibles riesgos

Una medida para agilizar procesos

El decreto responde a la necesidad de acelerar el acceso a vivienda digna en sectores populares y rurales, donde los trámites de licenciamiento eran considerados un obstáculo para la ejecución de proyectos.

• Carta de responsabilidad profesional: será firmada por arquitectos o ingenieros, quienes asumirán la responsabilidad técnica de las obras.

• Registro ante autoridades: se mantiene como requisito para garantizar trazabilidad y control administrativo.

• Objetivo principal: facilitar el mejoramiento de viviendas y fomentar la autogestión comunitaria en construcción.

Reacciones de los gremios

La decisión ha generado preocupación en el sector empresarial y técnico. La Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) advirtió que la eliminación de licencias podría traer riesgos técnicos y fiscales:

• Riesgos estructurales: al no contar con una revisión previa de las autoridades, algunas obras podrían incumplir normas de seguridad.

• Impacto fiscal: la ausencia de licencias podría dificultar el control tributario y generar pérdidas millonarias en recaudo.

• Desconfianza empresarial: constructoras y proveedores temen que la medida incentive prácticas informales en el sector.

Impacto esperado en el sector

El decreto abre un debate sobre el equilibrio entre agilidad administrativa y seguridad técnica:

• Podría beneficiar a miles de familias que esperan mejoras rápidas en sus viviendas.

• Sin embargo, expertos advierten que la falta de licencias podría derivar en problemas legales y técnicos a mediano plazo.

• El sector construcción, que representa un motor clave de la economía, enfrenta el reto de adaptarse a este nuevo esquema regulatorio.

Perspectivas

El Ministerio de Vivienda anunció que en los próximos seis meses se implementará un plan de capacitación y certificación de profesionales, con el fin de garantizar que las obras ejecutadas bajo este modelo cumplan estándares mínimos de calidad y seguridad.

Mientras tanto, gremios y asociaciones empresariales insisten en que la medida debe ser revisada para evitar que se convierta en un riesgo estructural y financiero para el país.

Conclusión: El Decreto 1166 de 2025 marca un cambio trascendental en la regulación de la construcción en Colombia. Aunque promete agilizar procesos y facilitar el acceso a vivienda digna, también abre un debate sobre la seguridad, la fiscalización y la sostenibilidad del sector