El incremento, de aproximadamente 83%, ha encendido las alertas entre las empresas constructoras por sus posibles efectos sobre obras públicas en ejecución, costos operativos, contratos y empleo.
El diésel golpea directamente los costos de construcción
El combustible es uno de los insumos fundamentales de la actividad constructora debido a su utilización permanente en excavadoras, retroexcavadoras, grúas, volquetas, generadores y transporte de materiales.
Las cámaras empresariales sostienen que el incremento modifica sustancialmente las condiciones económicas bajo las cuales fueron calculados y adjudicados numerosos contratos públicos actualmente en ejecución.
La preocupación se suma al incremento previo de materiales e insumos importados, la escasez de divisas y, según las constructoras, retrasos del Estado en el pago de algunas planillas de avance.
Constructoras advierten riesgo de paralización de obras
Uno de los puntos centrales del reclamo es que las empresas que mantienen contratos vigentes no pueden trasladar unilateralmente el incremento del combustible al Estado.
Las cámaras de construcción de La Paz y Cochabamba advierten que, sin mecanismos de compensación y reajuste, algunas empresas podrían enfrentar dificultades para mantener económicamente viables sus proyectos. Entre los riesgos mencionados por los gremios están la paralización de obras, reducción del empleo y cierre de empresas.
La Sociedad de Ingenieros de Bolivia también ha advertido sobre los sobrecostos asociados al nuevo precio del diésel y ha solicitado mecanismos de reajuste para evitar nuevas paralizaciones.
Cinco medidas para evitar una crisis en las obras
Ante este escenario, las organizaciones constructoras plantearon cinco medidas principales:
- Paralización temporal justificada, permitiendo suspender determinadas obras sin multas, sanciones o ejecución de garantías.
- Reajuste de precios mediante fórmula polinómica para actualizar los costos de los contratos públicos.
- Resolución de contratos sin responsabilidad cuando continuar una obra resulte técnica o económicamente inviable.
- Garantía presupuestaria y pagos oportunos de las planillas correspondientes a proyectos públicos.
- Una nueva Ley de Contrataciones que sustituya el actual Decreto Supremo 181 y establezca reglas para afrontar variaciones extraordinarias de costos.
El sector pide diálogo con el Gobierno
Caboco solicitó una reunión de alto nivel con el presidente Rodrigo Paz Pereira y los ministros vinculados a las áreas económica y de obras públicas.
El sector constructor reconoce la presión fiscal asociada al antiguo esquema de subvención y la necesidad de combatir el contrabando de combustibles. Su cuestionamiento se concentra principalmente en la aplicación inmediata del incremento y en la ausencia, según los gremios, de mecanismos suficientes para adaptar los contratos existentes.
Bolivia cambia la forma de calcular el precio del diésel
El Decreto Supremo 5716 no solo estableció el precio inicial de Bs 17,95 por litro, incluido el IVA. También reemplazó el anterior precio fijo por un mecanismo relacionado con el Precio de Paridad de Importación (PPI).
La regulación incorpora una banda de ±5% para determinar cuándo corresponde actualizar el precio de referencia, lo que significa que el costo del combustible podrá variar de acuerdo con las condiciones establecidas en la nueva metodología.
Infraestructura y empleo, en el centro de la preocupación
La construcción tiene un efecto transversal sobre carreteras, puentes, viviendas, hospitales, colegios, sistemas de saneamiento y otras obras públicas y privadas.
Por ello, el impacto del combustible no se limita a las constructoras. Un incremento sostenido de los costos puede presionar los presupuestos de los proyectos y obligar a revisar cronogramas, contratos y nuevas licitaciones.
Las tensiones ya se venían manifestando antes de la nueva medida: empresas constructoras realizaron movilizaciones en La Paz reclamando actualizaciones de precios debido al encarecimiento de materiales e insumos.
Bolivia busca un equilibrio entre ajuste económico e infraestructura
El Gobierno sostiene que el cambio en la política del diésel busca reducir el elevado costo fiscal de la subvención y ha iniciado reuniones con diferentes sectores para explicar el alcance de la medida y atender sus demandas.
Para la construcción, el desafío inmediato será encontrar mecanismos que permitan absorber o distribuir el nuevo costo del combustible sin comprometer proyectos que fueron contratados bajo condiciones económicas diferentes.
Con el diésel pasando de Bs 9,80 a Bs 17,95 por litro, Bolivia enfrenta una prueba importante para su sector constructor: adaptar los contratos y presupuestos al nuevo escenario sin detener la ejecución de infraestructura ni profundizar la presión sobre empresas y empleo.
