La disposición fue sancionada por la Asamblea Legislativa Plurinacional el 14 de octubre y promulgada por el presidente Rodrigo Paz Pereira el 9 de noviembre.
Su aplicación involucra al Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), el Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz y los municipios comprendidos en los corredores identificados.
La legislación establece mecanismos para desarrollar estudios, ejecutar intervenciones de emergencia, reconstruir infraestructura dañada y proteger las carreteras frente a nuevos eventos naturales.
Entre sus objetivos figuran la recuperación de puentes, plataformas viales, drenajes, alcantarillas, accesos y estructuras de protección, además de mejorar la conexión entre centros productivos y comunidades.
Siete corredores estratégicos pasarán a la Red Vial Fundamental
Uno de los principales cambios introducidos por la Ley N.º 1791 es la incorporación de siete tramos a la Red Vial Fundamental, bajo administración de la ABC.
Los corredores incluyen conexiones entre Warnes, el puente sobre el río Piraí, Colpa Bélgica y El Cedro; El Torno, La Forestal y Jardín de las Delicias; y San Luis, Villa Florida, Pampa El Coscal y Zanja Honda.
También se incorporan las rutas Jorochito–La Elvira–Huaracal y Mairana–Bella Victoria–Quirusillas–Postrervalle–Cabezas, junto con conexiones que atraviesan Portachuelo, el Urubó, Porongo y La Guardia.
El séptimo corredor conecta comunidades próximas a la antigua carretera a Cochabamba con sectores de Colonia San Juan, Nueva Esperanza y la carretera a Camiri.
La ABC deberá definir, en un plazo máximo de 90 días calendario, la codificación oficial, longitud exacta, coordenadas georreferenciadas y ancho del derecho de vía de cada tramo.
La medida busca centralizar la gestión técnica y administrativa de estas infraestructuras para facilitar su conservación, rehabilitación y protección.
Nuevos estándares de ingeniería para prevenir daños por inundaciones
La normativa incorpora requisitos técnicos específicos para el diseño y reconstrucción de infraestructura vial.
Los proyectos deberán utilizar modelaciones hidráulicas e hidrológicas actualizadas, estudios geotécnicos y cálculos de socavación que consideren caudales de diseño adecuados a los efectos del cambio climático.
Una de sus disposiciones más relevantes prohíbe reconstruir estructuras reproduciendo las mismas condiciones de vulnerabilidad que ocasionaron su colapso.
Este enfoque implica que las futuras intervenciones deberán evaluar las causas de los daños y adoptar soluciones que reduzcan el riesgo de nuevas fallas.
La ABC también deberá coordinar trabajos de protección de riberas, encauzamiento de ríos, control de erosión y estabilización de taludes con las autoridades ambientales y territoriales correspondientes.
La ley establece, además, la elaboración de un Plan Extraordinario de Reconstrucción y Resiliencia Vial para Santa Cruz dentro de los 90 días posteriores a su reglamentación.
Financiamiento y contrataciones especiales para acelerar las obras
La Ley N.º 1791 contempla diversas fuentes de financiamiento, entre ellas el Tesoro General de la Nación, recursos de la ABC, fondos para reducción de riesgos y atención de desastres, créditos públicos autorizados y cooperación internacional.
Asimismo, permite excepcionalmente la contratación directa de constructoras, consultoras y servicios de supervisión para atender emergencias y ejecutar intervenciones prioritarias.
El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas podrá efectuar modificaciones presupuestarias para incorporar recursos destinados a los proyectos.
Sin embargo, la normativa no establece una inversión total aprobada ni confirma contratos específicos adjudicados.
Como mecanismos de seguimiento, la ABC deberá publicar informes trimestrales sobre avances físicos y financieros, mientras que el Ministerio de Obras Públicas presentará reportes semestrales ante la Asamblea Legislativa.
El Ejecutivo dispone de 60 días para reglamentar la ley desde su publicación oficial.
La nueva legislación establece así un marco para recuperar infraestructura vial estratégica de Santa Cruz mediante criterios de ingeniería resiliente, gestión coordinada y mecanismos especiales de contratación. Su implementación dependerá de la reglamentación, la disponibilidad presupuestaria y la ejecución efectiva de los proyectos identificados.
