La compra de departamentos financiados con el Fondo MiVivienda, uno de los principales mecanismos estatales para facilitar el acceso a la vivienda propia, ha registrado una caída por tercer año consecutivo, en medio de un panorama mixto para el sector construcción, que aunque creció en 2025, ahora enfrenta retos para mantener el dinamismo de la Vivienda de Interés Social. La Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO) ha señalado que esta tendencia es preocupante porque las operaciones mediante este fondo han disminuido, a pesar de que la construcción en general reportó una expansión del 6,5 % en 2025, su mejor desempeño desde 2021.
Según el vicepresidente ejecutivo de CAPECO, Guido Valdivia, resulta paradójico que mientras el sector construcción muestra cifras positivas, las operaciones con el Fondo MiVivienda sigan a la baja por tercer año seguido lo que indica que la dinámica de la construcción no se traduce directamente en mayor acceso a viviendas sociales.
La caída de estos créditos preocupa especialmente porque la Vivienda de Interés Social (VIS) concentra más del 68 % de las ventas inmobiliarias, por lo que una reducción en los subsidios y en las operaciones puede impactar la oferta y la capacidad de compra de miles de familias peruanas.
La principal causa de esta caída es el recorte presupuestal para bonos de vivienda, como el Bono Familiar Habitacional y el Bono del Buen Pagador, cuyos fondos podrían agotarse entre abril y mayo de este año si no se asignan recursos adicionales.
Además de la falta de subsidios, CAPECO ha señalado que trabas administrativas también han afectado el acceso a vivienda. En varias municipalidades se exige un mínimo de área construida para que un proyecto sea considerado como VIS, lo que encarece el producto y excluye a hogares unipersonales y jóvenes, un aspecto que según el gremio podría ser contrario a la Constitución si limita injustamente el acceso.
Valdivia ha recordado que el Tribunal Constitucional ha establecido que los gobiernos locales no pueden obstruir la Vivienda de Interés Social, lo que pone en tela de juicio esas exigencias municipales que elevan costos y reducen la oferta efectiva.
Ante esta situación, CAPECO ha planteado una agenda concreta de medidas, especialmente enfocada en los primeros 100 días de la próxima gestión gubernamental, con el objetivo de reactivar el fondo MiVivienda y mejorar las condiciones para que los peruanos accedan a una vivienda propia.
Las principales propuestas incluyen:
Ley de financiamiento habitacional: Establecer por norma que el presupuesto de subsidios no puede ser menor al del año anterior, garantizando recursos estables para el Fondo MiVivienda.
Fondo de agua para vivienda formal: Crear un fondo de S/ 500 millones en el Ministerio de Vivienda (MVCS) para dotar de servicios de agua a terrenos destinados a proyectos formales, rompiendo el modelo de “seguir a la invasión”.
Operador público de suelo: Crear una entidad que gestione un banco de terrenos estatales para facilitar la habilitación urbana masiva, siguiendo modelos exitosos de otros países.
Incentivos municipales: Otorgar más recursos de inversión pública a las municipalidades que promuevan activamente la oferta de VIS.
Digitalización total: Implementar una plataforma única para la digitalización de licencias de obra para reducir trámites, agilizar plazos y combatir la corrupción.
Reincorporar el Rango 5: Volver a incluir viviendas de mayor precio dentro del marco VIS para que, mediante la Cobertura de Riesgo Crediticio (CRC), más familias con ingresos irregulares puedan acceder a préstamos.
La tendencia a la baja en la compra de departamentos con el Fondo MiVivienda plantea un desafío importante para el sector construcción y para la política habitacional del país. A pesar del crecimiento del sector en 2025, el acceso a vivienda social se ve limitado por factores presupuestales y administrativos, lo que podría frenar la estabilidad y la inclusión de nuevos hogares en el mercado inmobiliario.
La implementación de la agenda propuesta por CAPECO podría ser clave para revertir la caída y establecer una política de vivienda sostenible y accesible, beneficiando a miles de peruanos que aún no acceden a la casa propia en un contexto de crecimiento económico heterogéneo.