El Gobierno de Bolivia anunció el 4 de agosto de 2026 sanciones concretas contra empresas del sector inmobiliario que hayan modificado contratos para eliminar garantías o imponer condiciones perjudiciales a los compradores, luego de concluir mesas técnicas con la Cámara Boliviana de Desarrolladores Inmobiliarios (CBDI) en la ciudad de Santa Cruz.
Fiscalizaciones detectaron alteración de contratos autorizados
La Dirección General de Defensa del Usuario y del Consumidor realizó fiscalizaciones que permitieron identificar irregularidades en contratos previamente aprobados. Según las autoridades, algunas empresas modificaron los documentos originales para suprimir garantías e incluir condiciones desventajosas para los adquirientes de inmuebles, lo que vulneró derechos reconocidos por la normativa vigente.
El ministro de Desarrollo Productivo, Rural y Agua, Óscar Mario Justiniano, subrayó la distinción entre las empresas formales del rubro y aquellas que operan de manera irregular.
El certificado de Defensa del Consumidor garantiza que un contrato esté libre de cláusulas abusivas. Por orden directa del presidente Rodrigo Paz, lo que respete la ley se respalda, pero lo que no la respete enfrentará los procesos que correspondan, señaló Justiniano.
Gobierno ratifica seguridad jurídica para operadores formales
El ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza, reafirmó el compromiso estatal de garantizar plena seguridad jurídica a las empresas y usuarios que actúen dentro del marco legal. En la misma conferencia de prensa, anunció acuerdos orientados a preservar la cadena de pagos durante el período inmediato.
Durante este mes se mantendrán los planes de pago acordados con las empresas afiliadas a la Cámara, mientras se trabaja en mesas técnicas a partir del próximo lunes para facilitar la continuidad de los pagos y el cumplimiento de los contratos, precisó Espinoza.
Ambos funcionarios coincidieron en que el objetivo central es proteger la economía de las familias bolivianas sin afectar la operación de las inmobiliarias que cumplen la normativa.
Evaluación caso por caso y canales de denuncia activos
Las autoridades informaron que los equipos técnicos y jurídicos del Gobierno continúan evaluando de forma individual cada una de las denuncias ciudadanas recibidas, que motivaron originalmente la convocatoria a las mesas de diálogo con la CBDI. Las oficinas de Defensa del Consumidor distribuidas a nivel nacional permanecen habilitadas para recibir consultas e intervenir de manera inmediata en los casos que lo requieran.
El Gobierno prevé retomar las mesas técnicas la semana siguiente a la publicación del acuerdo, con el propósito de definir mecanismos concretos que aseguren tanto el cumplimiento contractual como la continuidad operativa del sector inmobiliario formal en todo el país.
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