Uruguay avanza en la articulación de sus políticas de vivienda y protección social mediante un acuerdo interinstitucional destinado a atender las necesidades habitacionales de personas que recuperan su libertad después de cumplir una condena.
El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) y el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) formalizaron una iniciativa que permitirá disponer de hasta 50 soluciones habitacionales, con modalidades individuales o colectivas, según las condiciones y necesidades de los beneficiarios.
El convenio será implementado a través de la Dirección Nacional de Vivienda (Dinavi) y la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado (Dinali), organismos que asumirán funciones complementarias para identificar a los participantes, evaluar las alternativas disponibles y acompañar los procesos de reintegración.
La medida busca responder a una de las dificultades que pueden enfrentar las personas al abandonar el sistema penitenciario: contar con un lugar donde vivir mientras reconstruyen sus vínculos familiares, sociales y laborales.
Hasta 50 soluciones habitacionales con subsidios y acompañamiento social
El acuerdo establece que las viviendas tendrán carácter transitorio y podrán asignarse mediante distintas modalidades de alojamiento.
Las alternativas incluyen soluciones individuales o colectivas, así como la posibilidad de acceder a subsidios habitacionales totales o parciales, dependiendo de la situación económica y social de cada persona.
El MIDES, mediante Dinali, será responsable de identificar las necesidades habitacionales, trabajar con los posibles beneficiarios y realizar el seguimiento de cada caso.
Por su parte, el MVOT evaluará las opciones disponibles y determinará los apoyos correspondientes mediante sus programas e instrumentos de política habitacional.
La iniciativa también contempla la posibilidad de complementar estas soluciones con apoyos para refacciones o ampliaciones de viviendas existentes, siempre que se cumplan los requisitos y exista disponibilidad de cupos.
La ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Tamara Paseyro, explicó que el acuerdo permitirá combinar los recursos habitacionales del ministerio con el conocimiento y acompañamiento que desarrolla Dinali.
Durante la presentación, destacó que las políticas públicas de vivienda no deben limitarse a la construcción de inmuebles, sino que también deben contribuir a generar oportunidades para personas que atraviesan situaciones de vulnerabilidad.
Paseyro señaló que el acompañamiento social será un componente fundamental para que los beneficiarios puedan desarrollar progresivamente su autonomía.
El convenio no implica la entrega automática de viviendas a todas las personas que egresen del sistema penitenciario. La asignación dependerá de la evaluación de cada situación y de los mecanismos previstos por las instituciones responsables.
Vivienda y reinserción social: una estrategia de integración
El ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, destacó que el convenio permitirá vincular las políticas habitacionales con las iniciativas de protección social y acceso al trabajo.
Durante la firma, afirmó que el Estado debe facilitar condiciones para que las personas que recuperan su libertad puedan integrarse a la comunidad y desarrollar sus capacidades.
La propuesta parte de la necesidad de abordar el egreso penitenciario desde diferentes dimensiones. Además del acceso a una vivienda, considera el acompañamiento institucional como herramienta para fortalecer la estabilidad personal y la participación social.
El trabajo conjunto entre Dinavi y Dinali permitirá coordinar recursos de ambos ministerios y realizar un seguimiento de las soluciones implementadas.
Según las autoridades, esta articulación busca ofrecer respuestas adaptadas a las circunstancias de los beneficiarios, evitando que las dificultades habitacionales se conviertan en un obstáculo adicional durante su proceso de reintegración.
El acuerdo se integra al Plan Quinquenal de Vivienda 2025-2029
La iniciativa forma parte de los lineamientos del Plan Quinquenal de Vivienda y Hábitat 2025-2029, que contempla instrumentos dirigidos a personas y hogares en situaciones de vulnerabilidad y exclusión social.
También se vincula con la Primera Estrategia Nacional sobre Situación de Calle, orientada a fortalecer la coordinación entre organismos públicos, desarrollar respuestas integrales y prevenir situaciones de exclusión habitacional.
Desde la perspectiva del sector vivienda, el convenio amplía la utilización de las herramientas habitacionales existentes para atender necesidades sociales específicas.
A diferencia de un programa tradicional de construcción residencial, la medida anunciada no establece la edificación de 50 inmuebles nuevos. El acuerdo prevé poner a disposición hasta 50 soluciones habitacionales y complementarlas con subsidios y otros mecanismos de apoyo.
La información oficial tampoco precisa una inversión presupuestaria específica ni un calendario de asignación de las viviendas.
La implementación dependerá de las evaluaciones individuales, la disponibilidad de las soluciones y el cumplimiento de los requisitos establecidos por los programas correspondientes.
Con este convenio, Uruguay incorpora el acceso transitorio a la vivienda como parte de su estrategia de acompañamiento a personas que egresan del sistema penitenciario. La coordinación entre los ministerios de Vivienda y Desarrollo Social permitirá vincular recursos habitacionales con seguimiento institucional, en el marco de las políticas nacionales de integración y prevención de la exclusión social.
