OSE lanzó la licitación internacional por u$s 130 millones para avanzar en la construcción de la represa de Casupá

La represa abarcará una cuenca de 685 km², tendrá 750 metros de longitud y una altura máxima de 30 metros, contará con un puente sobre la presa con calzada de doble sentido, y su embalse cubrirá 2.127 hectáreas. Con una capacidad de 118 millones de metros cúbicos, prácticamente duplica la de Paso Severino, 67 millones de m³, la reserva actual más grande, y garantizará el abastecimiento de 1.600.000 habitantes del área metropolitana. OSE tiene como objetivo asegurar reservas de agua bruta "para un período mínimo de 60 días en cualquier circunstancia y época del año, aún en el supuesto de disfunción grave de alguna de las fuentes". Para viabilizar la obra, se expropiarán 3.418 hectáreas correspondientes a 102 padrones. El proceso ya comenzó con la expropiación de 380 hectáreas por unos 3,5 millones de dólares. Ferreri indicó que OSE trabaja "con mucho diálogo en el territorio" en un proceso que involucra a 37 propietarios y que se gestiona caso por caso con valoraciones individuales de cada predio. La obra avanza sin estudios ambientales concluidos El lanzamiento de la licitación se produce en medio de una controversia política y técnica, ya que el Ministerio de Ambiente (MA) aún no concluyó los estudios de impacto ambiental del proyecto. El ministro del MA, Edgardo Ortuño, descartó frenar el proceso ante los cuestionamientos de la oposición y fue categórico: "No solo no vamos a detener el proyecto, sino que vamos a avanzar". También argumentó que licitar no implica construir y trazó un paralelo con el proyecto Neptuno-Arazatí del gobierno anterior, que también se licitó antes de contar con la autorización ambiental. "Lo que sí debe quedar claro es que no va a haber construcción de la obra sin autorización ambiental", subrayó el ministro. La oposición había solicitado la suspensión preventiva de los procesos de licitación y de las actuaciones vinculadas al proyecto, al considerar que aún no se cuenta con los estudios de impacto ambiental necesarios. Ortuño rechazó ese planteo y sostuvo que "no solo no hay contradicción en avanzar con el llamado a licitación en la protección del ambiente, sino que es absolutamente compatible" y además citó el artículo 47 de la Constitución, que establece que el Estado debe garantizar el acceso al agua potable como prioridad. Vecinos de Bolívar: "30 minutos para ser evacuados" Vecinos de Pueblo Bolívar, una pequeña localidad de Canelones con menos de 200 habitantes ubicada aguas abajo del emplazamiento previsto, concurrieron a la Comisión de Ambiente de la Cámara de Diputados para exponer su preocupación por los tiempos de evacuación que maneja el estudio técnico del consorcio Typsa-Engecorps en caso de un siniestro en la represa. El ingeniero Enrique Valdez, vecino de Bolívar y vocero del grupo, fue directo ante los legisladores: "El pueblo tendría 30 minutos para ser evacuado. No lo decimos nosotros, sino el estudio de este consorcio". Valdez señaló que Fray Marcos, una localidad floridense, vería el 30% de su territorio afectado en caso de un siniestro que implique una rápida inundación, y reclamó que las autoridades del MA y de OSE no hayan concurrido al pueblo para brindar explicaciones. OSE respondió que se implementará un plan de acción de emergencia que incluirá sistemas de alerta temprana. Productores de la zona también le entregaron una carta al presidente de la República, Yamandú Orsi, cuestionando la viabilidad del proyecto y proponiendo alternativas hídricas, entre ellas un trasvase desde Rincón del Bonete, la conexión desde Laguna Negra y mejoras en la red de distribución de OSE, que según estiman presenta pérdidas de hasta dos tercios del agua potable.