El proyecto para construir una planta de gas y amoniaco en el puerto de Topolobampo, uno de los más controvertidos del noroeste de México, quedó nuevamente bajo los reflectores internacionales luego de que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitiera una resolución en la que expresa serias preocupaciones sobre los riesgos sociales y ambientales asociados a esta infraestructura industrial.
La resolución que involucra la actuación de los gobiernos de México, Alemania y Suiza señala posibles violaciones a los derechos de comunidades indígenas y advierte impactos nocivos sobre el ecosistema costero de la región. La información fue difundida por el medio Ríodoce con base en datos del colectivo ambiental ¡Aquí No!, uno de los grupos que se ha opuesto abiertamente al proyecto desde hace varios años.
El organismo internacional expresó que la construcción de la planta petroquímica podría:
Alterar de forma irreversible manglares, humedales y zonas de alta biodiversidad en la Bahía de Ohuira.
Afectar territorios de comunidades indígenas y pesqueras que dependen directamente del ecosistema para su subsistencia.
Incrementar riesgos de contaminación del agua por químicos derivados de la producción de amoniaco y fertilizantes.
Generar afectaciones en actividades pesqueras tradicionales, una de las principales fuentes económicas locales.
La ONU subrayó que no se ha garantizado plenamente el derecho a la consulta previa, libre e informada de las comunidades indígenas, un requisito obligatorio para proyectos que podrían alterar su modo de vida, conforme a tratados internacionales firmados por México.
La planta de amoniaco impulsada por inversionistas privados de México, Alemania y Suiza busca procesar gas natural para producir amoniaco a escala industrial, con fines agrícolas y petroquímicos. El desarrollo ha enfrentado:
múltiples suspensiones judiciales,
protestas de pescadores y comunidades yoremes,
denuncias por presuntas irregularidades en permisos ambientales,
oposición de colectivos ambientales locales y nacionales.
El gobierno federal ha defendido en diversas ocasiones que el proyecto generaría empleo y fortalecería la industria de fertilizantes, pero los críticos aseguran que los beneficios económicos no compensan los riesgos ambientales ni los daños potenciales a la cultura indígena.
La zona donde se pretende construir la planta está catalogada como un ecosistema de alta sensibilidad ambiental, con presencia de:
manglares,
tortugas marinas,
aves migratorias,
crustáceos y especies clave para la pesca artesanal.
Organizaciones ambientales han advertido que la instalación de una planta de este tipo podría alterar corrientes, salinidad y calidad del agua, provocando daños a los ciclos reproductivos de especies que sostienen la economía local
Señalamientos a México, Alemania y Suiza
La ONU cuestionó la actuación de los tres países involucrados:
México, por el manejo de permisos, consultas indígenas y control ambiental.
Alemania y Suiza, por su participación financiera y tecnológica, señalando la obligación de ambos países de supervisar proyectos que puedan causar daños comunitarios o ambientales en el extranjero.
El colectivo ¡Aquí No! celebró que la ONU haya elevado sus preocupaciones, señalando que este pronunciamiento respalda su lucha contra un proyecto que consideran “una amenaza directa a la vida, la pesca y el equilibrio natural”.
La resolución de la ONU podría influir en:
decisiones judiciales pendientes,
revisiones de impacto ambiental,
permisos federales adicionales,
presión internacional sobre empresas financiadoras.
El futuro del proyecto sigue en suspenso, mientras la tensión entre desarrollo industrial y conservación ambiental se intensifica en Topolobampo.