El estado de California y el condado de Santa Clara presentaron este miércoles una demanda conjunta ante un tribunal federal para detener la construcción de instalaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en las proximidades de la ciudad de Gilroy, en el norte del estado, argumentando que el proyecto infringe diversas normativas federales y estatales.
Una propiedad arrendada con uso cuestionado
El origen del conflicto se remonta a enero de 2025, cuando un desarrollador privado arrendó el inmueble al gobierno federal destinándolo a operaciones del ICE, específicamente para la división de Operaciones de Ejecución y Remoción (ERO). Según documentación citada por la Fiscalía de California, estas instalaciones combinan funciones administrativas con capacidad de detención a corto plazo, un esquema que las autoridades estatales consideran inapropiado y peligroso.
Argumentos legales de la querella
La demanda presentada por el fiscal estatal Rob Bonta y el asesor jurídico del condado de Santa Clara, Tony LoPresti, solicita al tribunal que prohíba de manera permanente el avance del proyecto. Los demandantes fundamentan su acción en el incumplimiento de cinco marcos normativos:
- Ley de Política Ambiental Nacional
- Ley de Inmigración y Nacionalidad
- Ley de Cooperación Intergubernamental
- Ley de Procedimiento Administrativo
- Ley Williamson de California
La inclusión de la normativa ambiental estatal resulta significativa, ya que obliga a una evaluación de impacto que la fiscalía sostiene no fue realizada antes de habilitar el predio para uso federal.
«Bajo esta administración hemos visto cómo las oficinas del ICE se han convertido en pequeños centros de detención, a pesar de no estar equipadas para retenciones prolongadas. Eso es inaceptable», señaló el fiscal Bonta en un comunicado oficial.
Contexto: financiamiento federal y expansión de infraestructura migratoria
La presentación de la demanda coincide con la firma, por parte del presidente Donald Trump, de una legislación que destina 70.000 millones de dólares al ICE y otras agencias federales de control migratorio. Ese financiamiento contempla la ampliación de la red de cárceles y centros de detención de inmigrantes en todo el territorio estadounidense, lo que anticipa un incremento en proyectos de construcción similares al cuestionado en Gilroy.
Las instalaciones tipo ERO han sido objeto de múltiples cuestionamientos legales en distintos estados debido a denuncias reiteradas de hacinamiento, reclusión más allá de los plazos previstos y condiciones que organismos de derechos humanos han calificado como inhumanas.
Próximos pasos del proceso judicial
La demanda quedó radicada este miércoles en un tribunal federal cuya jurisdicción abarca el norte de California. El tribunal deberá determinar si procede una medida cautelar que suspenda las obras mientras se resuelve el fondo del litigio. Ni el Departamento de Seguridad Nacional ni la Casa Blanca emitieron respuesta pública inmediata ante la acción legal interpuesta por las autoridades californianas.
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