Caso Sinohydro sacude a Ecuador: expresidente Lenín Moreno enfrentará juicio por presunto cohecho en megaproyecto hidroeléctrico

Un nuevo capítulo judicial para un expresidente

La justicia ecuatoriana abrió un nuevo y delicado capítulo en la historia política reciente del país al resolver llevar a juicio al expresidente Lenín Moreno, acusado de presuntamente haber recibido sobornos relacionados con la construcción de una de las principales centrales hidroeléctricas del Ecuador, ejecutada por la empresa estatal china Sinohydro.

La decisión fue adoptada por la Corte Nacional de Justicia, que concluyó que existen pruebas suficientes para presumir la participación directa de Moreno en el delito de cohecho, hechos que se habrían producido cuando se desempeñaba como vicepresidente de la República, durante la administración de Rafael Correa (2007–2017).

Los hechos investigados

Según la Fiscalía General del Estado, el caso se origina en una investigación de largo alcance sobre presuntas irregularidades en la contratación y ejecución de un megaproyecto hidroeléctrico, considerado estratégico para la transformación de la matriz energética ecuatoriana.

La hipótesis fiscal sostiene que Sinohydro habría entregado pagos indebidos a funcionarios públicos a cambio de beneficios contractuales, facilidades administrativas y decisiones favorables en el desarrollo del proyecto. Estos pagos, siempre de acuerdo con la acusación, habrían sido canalizados a través de estructuras financieras y terceros, con el objetivo de ocultar su trazabilidad.

Moreno, en ese entonces vicepresidente, habría tenido un rol clave en la toma de decisiones políticas e institucionales que favorecieron a la empresa constructora, lo que justificaría su procesamiento como autor directo del delito.

Una red más amplia de implicados

El proceso judicial no se limita al exmandatario. La Fiscalía señaló que el presunto esquema de corrupción involucró a familiares, colaboradores cercanos y otros funcionarios, elevando a 24 el número total de personas procesadas en esta causa.

Entre los investigados figuran personas que habrían actuado como intermediarios, facilitadores financieros o beneficiarios indirectos de los fondos ilícitos. Este enfoque, según expertos legales, refuerza la tesis de un esquema organizado y sistemático, más allá de hechos aislados.

La decisión de la Corte y lo que sigue

Tras analizar los elementos presentados por la Fiscalía incluidos informes financieros, testimonios y documentación contractual— la Corte Nacional resolvió que el caso debe avanzar a la etapa de juicio, donde se determinará la responsabilidad penal de los acusados.

Por ahora, no se ha fijado una fecha oficial para el inicio del juicio, lo que dependerá del calendario judicial y de los procedimientos procesales pendientes. No obstante, la resolución ya representa un hecho histórico: un expresidente ecuatoriano deberá enfrentar un proceso penal por presunta corrupción en obra pública.

Impacto político e institucional

La noticia ha generado amplia repercusión en el ámbito político, jurídico y social. Analistas coinciden en que el caso pone nuevamente bajo escrutinio:

• La gestión de grandes proyectos de infraestructura, especialmente los desarrollados con empresas y financiamiento extranjero.

• Los mecanismos de control y fiscalización del Estado en contratos estratégicos.

• La responsabilidad penal de las más altas autoridades, incluso años después de haber dejado el cargo.

Diversos sectores consideran que este proceso podría marcar un precedente clave en la lucha contra la corrupción, enviando una señal de que los delitos contra la administración pública no prescriben políticamente, aunque sí deban probarse judicialmente.

Silencio y expectativa

Hasta el momento, Lenín Moreno no ha emitido un pronunciamiento oficial tras la resolución judicial. Su entorno ha mantenido discreción, mientras la opinión pública permanece atenta al desarrollo del caso y a las posibles consecuencias legales.

En un país donde los proyectos hidroeléctricos han sido presentados como símbolos de desarrollo y soberanía energética, este proceso reabre el debate sobre transparencia, ética pública y gobernanza, recordando que la infraestructura estratégica también puede convertirse en un foco de controversia cuando fallan los controles institucionales.