La Cámara de Diputados de Bolivia aprobó el Proyecto de Ley 599/2025-2026, que declara de prioridad nacional la construcción de la carretera Río Abajo–Quillacollo, un corredor vial destinado a mejorar la conectividad entre los departamentos de La Paz y Cochabamba mediante su incorporación a la Red Vial Fundamental del país.
Alcance del proyecto vial aprobado
La norma aprobada en sus dos estaciones legislativas autoriza al Órgano Ejecutivo a gestionar e impulsar todas las acciones necesarias para hacer viable la ejecución del tramo carretero. En virtud de la ley, los ministerios de Obras Públicas, Servicios y Vivienda; Economía y Finanzas Públicas; Relaciones Exteriores; Planificación del Desarrollo; y Medio Ambiente quedan facultados para coordinar la implementación del proyecto.
«Habiéndose aprobado en sus dos estaciones, en detalle y en grande, y siendo Cámara de Origen, queda aprobada la presente ley. Remítase al Órgano Ejecutivo para fines constitucionales», declaró Roberto Castro Salazar, presidente de la Cámara de Diputados.
Mecanismos de financiamiento previstos
Entre las disposiciones incluidas en la ley figura la habilitación de múltiples vías de financiamiento, entre ellas la obtención de créditos internacionales, donaciones y cooperación de organismos multilaterales. Asimismo, la norma abre la posibilidad de estructurar alianzas público-privadas para la construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura, un mecanismo que busca atraer inversión privada a un proyecto de escala nacional.
Impacto esperado en la conectividad interdepartamental
El nuevo corredor vial tiene como objetivo reducir los tiempos de desplazamiento entre ambas regiones y facilitar el transporte de personas y mercancías. Al integrarse a la Red Vial Fundamental, el tramo Río Abajo–Quillacollo consolidaría un eje de integración nacional que complementa las rutas existentes entre los dos departamentos más poblados del país.
Contexto: infraestructura vial en el centro del debate nacional
La aprobación legislativa se produce en un escenario en el que la infraestructura de transporte adquirió relevancia política y económica renovada. Entre mayo y junio de 2025, conflictos sociales interrumpieron la circulación en diversas rutas del territorio boliviano, derivando en desabastecimiento de alimentos, combustibles y medicamentos. Según datos oficiales, las movilizaciones generaron pérdidas económicas superiores a los Bs 14.000 millones y dejaron un saldo de 14 personas fallecidas.
Tras la aprobación en la Cámara de Diputados, el proyecto de ley será remitido al Órgano Ejecutivo para su promulgación constitucional, instancia a partir de la cual el Gobierno deberá iniciar formalmente las gestiones técnicas, financieras y diplomáticas que permitan avanzar hacia la ejecución de la obra.
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