Brasil flexibiliza normas ambientales y abre camino a nuevas obras de construcción tras la COP30

En una decisión que profundiza el conflicto político entre el Ejecutivo y el Legislativo, el Congreso de Brasil anuló 52 de los 63 vetos que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva había impuesto a la controvertida nueva ley ambiental que flexibiliza los permisos para obras de infraestructura en todo el país. Con esta votación, los parlamentarios restauraron casi en su totalidad el texto original, que había sido duramente criticado por organizaciones ambientalistas nacionales e internacionales, quienes la rebautizaron como la “ley de devastación”.

La decisión se produce apenas días después de que Brasil y particularmente la ciudad amazónica de Belém  concluyera una agridulce COP30, en la que el país buscó posicionarse como líder ambiental global. La rápida actuación del Congreso fue interpretada por analistas como un golpe político al gobierno de Lula y como una señal de la fuerza de los sectores ligados al agronegocio, la minería y la construcción.

Una ley que flexibiliza evaluaciones ambientales y acelera licencias

La legislación restituida por el Congreso incluye cambios significativos en el proceso de licenciamiento ambiental, entre ellos:

• Menos requisitos para ciertos tipos de obras, como carreteras, pequeñas hidroeléctricas, obras urbanas y proyectos agroindustriales.

• Plazos más cortos para que los organismos ambientales otorguen permisos.

• Procedimientos simplificados para emprendimientos considerados de “bajo impacto”, aunque organizaciones ambientales cuestionan esta clasificación.

• Reducción de exigencias para el proceso de evaluación de impacto ambiental (EIA/RIMA).

Según los defensores de la ley, estas medidas eliminarán “trabas burocráticas” y permitirán acelerar proyectos clave de infraestructura, considerados vitales para impulsar la competitividad, atraer inversión y mejorar conectividad regional.

Ambientalistas advierten: “Brasil retrocede décadas”

Organizaciones como Greenpeace, WWF y Observatorio del Clima denunciaron que la aprobación de la ley constituye un retroceso histórico en materia ambiental. Señalan que, bajo el pretexto de agilizar obras, se debilitan los mecanismos de protección de:

• bosques nativos,

• territorios indígenas,

• áreas de preservación permanente,

• recursos hídricos,

• fauna silvestre,

• reservas amazónicas clave para la lucha contra el cambio climático.

Para estos grupos, la norma abre la puerta a una expansión descontrolada del agronegocio y la minería, favoreciendo especialmente a sectores con gran peso político en el Congreso.

Un revés político para Lula después de la COP30

El momento elegido para la votación no pasó desapercibido.
El gobierno de Lula había buscado reforzar su imagen ambientalista durante la COP30, presentándose como abanderado de la defensa de la Amazonía. Sin embargo:

• La anulación de los vetos por parte del Congreso exhibe la fragilidad de la base legislativa del presidente.

• Envía un mensaje de autonomía —y en algunos casos, confrontación— de los sectores conservadores y del agronegocio.

• Debilita la narrativa internacional del gobierno brasileño en materia ambiental.

Analistas políticos señalan que este episodio alimentará tensiones entre el Ejecutivo y el Legislativo, complicando futuros proyectos de sostenibilidad y reformas.

Impacto esperado en el sector de infraestructura

Para el sector de construcción, transporte y energía, la restauración de la ley representa:

 Potenciales beneficios

• Menor tiempo de espera para permisos.

• Mayor previsibilidad en cronogramas de obras.

• Reducción de costos administrativos.

• Posible desbloqueo de proyectos paralizados o postergados.

 Riesgos y controversias

• Mayor exposición a litigios ambientales.

• Rechazo social y protestas en comunidades afectadas.

• Conflictos con pueblos originarios.

• Supervisión internacional más estricta sobre proyectos en zonas sensibles.

Repercusiones internacionales

La votación generó inquietud en organismos multilaterales y países que financian proyectos de preservación en Brasil.
Europa, en particular, había condicionado acuerdos comerciales —como el tratado Mercosur–UE— al cumplimiento de estándares ambientales más estrictos.

La medida podría:

• Tensar negociaciones diplomáticas,

• Afectar certificaciones ambientales para exportaciones,

• Incrementar exigencias de trazabilidad para productos del agronegocio.

¿Qué sigue?

Aunque la ley entrará en vigor una vez promulgada por el Congreso, diversos grupos ambientalistas y entidades civiles ya anunciaron que interpondrán acciones legales ante tribunales federales y el Supremo Tribunal Federal (STF), buscando frenar o restringir los efectos de la norma.

El pulso entre desarrollo económico y protección ambiental se intensificará en los próximos meses, mientras el gobierno de Lula intenta recuperar el control político de la agenda ambiental.