Lima, Perú, 9 de octubre de 2026. El sector de la construcción y la infraestructura pública peruana enfrenta importantes desafíos relacionados con la gestión de inversiones estatales, luego de conocerse que más de 111 mil proyectos fueron retirados de la cartera activa de inversiones durante los primeros seis meses de 2026.
Según un estudio del Consejo Privado de Competitividad (CPC), difundido por el diario Gestión, las inversiones desactivadas habían acumulado aproximadamente S/ 47.000 millones de ejecución presupuestal.
La desactivación de estos proyectos no significa necesariamente que todos hayan llegado a iniciar obras físicas. Una parte importante permanecía en etapas de formulación, elaboración de expedientes técnicos o preparación de inversiones.
Sin embargo, el informe advierte que los recursos destinados a iniciativas que no llegan a concretarse pueden representar pérdidas económicas y oportunidades desaprovechadas para el desarrollo del país.
Municipalidades concentran más del 91 % de los proyectos desactivados
Uno de los principales hallazgos del estudio es la elevada concentración de inversiones desactivadas en los gobiernos locales.
Las municipalidades registraron 102.156 proyectos desactivados, equivalentes al 91,6 % del total nacional, con gastos acumulados por aproximadamente S/ 35.100 millones.
Por su parte, los gobiernos regionales concentraron 6.199 inversiones, con una ejecución acumulada de S/ 6.100 millones.
El Gobierno nacional registró 3.179 proyectos desactivados, asociados a gastos por aproximadamente S/ 5.900 millones.
Estos resultados evidencian la necesidad de fortalecer las capacidades de planificación y gestión de inversiones, especialmente en las entidades municipales.
Transporte, educación y saneamiento figuran entre los sectores más afectados
El informe identifica que una parte importante de las inversiones desactivadas corresponde a infraestructura vinculada con servicios públicos esenciales.
Los sectores de transporte, educación y saneamiento concentraron 53.435 inversiones desactivadas, equivalentes al 47,9 % del total.
En conjunto, estos proyectos registraron gastos acumulados por aproximadamente S/ 25.600 millones, lo que representa el 54,5 % de los recursos ejecutados en todas las inversiones desactivadas.
La situación resulta especialmente relevante para el sector construcción, debido a que estas áreas incluyen proyectos relacionados con carreteras, infraestructura educativa y sistemas de agua y saneamiento.
La falta de continuidad de estas inversiones puede retrasar el cierre de brechas de infraestructura y limitar la prestación de servicios esenciales a la población.
Más de 14 mil inversiones recientes fueron desactivadas
El estudio también identificó que no todos los proyectos retirados de la cartera correspondían a iniciativas antiguas.
Un total de 14.659 inversiones, equivalentes al 13,1 % de las desactivadas, habían sido declaradas viables entre 2023 y 2026.
Estos proyectos registraron aproximadamente S/ 1.575 millones de ejecución acumulada.
El hallazgo pone de manifiesto que los problemas de continuidad también afectan a inversiones relativamente recientes.
Por otro lado, el 72,3 % de los proyectos desactivados no contaba con expediente técnico o registraba su último gasto en 2015 o años anteriores.
Esta situación refleja la existencia de numerosas iniciativas que permanecieron durante largos períodos sin alcanzar las condiciones necesarias para avanzar.
Lima, Áncash y La Libertad registran importantes concentraciones
A nivel territorial, el estudio señala que Lima concentró 11.383 inversiones desactivadas dentro del ámbito de los gobiernos locales.
En la capital, la Municipalidad Distrital de Ate destacó por registrar una elevada cantidad de proyectos en esta condición.
Asimismo, se identificaron concentraciones importantes en Áncash, particularmente en la Municipalidad Provincial del Santa, y en La Libertad, donde se menciona a la Municipalidad Distrital de Quiruvilca.
Estas cifras muestran que las dificultades en la gestión de inversiones públicas se presentan en diferentes regiones del país.
Solo el 29,7 % de las inversiones viables logró cerrar formalmente
Otro indicador que genera preocupación es el bajo porcentaje de proyectos que culminan su ciclo de inversión.
De acuerdo con el CPC, entre enero de 2015 y junio de 2026 se declararon viables 188.607 proyectos de inversión pública.
Sin embargo, únicamente 56.018 habían registrado su cierre formal hasta mediados de 2026.
Esto equivale al 29,7 % del total, lo que evidencia dificultades para completar y cerrar administrativamente las inversiones.
El informe también identificó 18.851 inversiones que permanecían activas, pero presentaban condiciones de abandono hasta septiembre de 2026.
Estas acumulaban aproximadamente S/ 13.600 millones de ejecución y registraban, en promedio, 40 meses sin avances financieros.
Deficiencias en planificación y continuidad afectan la infraestructura
Para el Consejo Privado de Competitividad, uno de los principales problemas es la incorporación constante de nuevas iniciativas sin garantizar previamente la continuidad de los proyectos existentes.
Esta práctica puede dispersar los recursos disponibles y dificultar la capacidad de las entidades públicas para concluir sus inversiones.
Además, los cambios de autoridades municipales y regionales pueden generar modificaciones en las prioridades institucionales, afectando la continuidad de proyectos iniciados en gestiones anteriores.
El economista Álvaro Cubas, del CPC, explicó que cuando una inversión es desactivada y no vuelve a ejecutarse, los recursos utilizados pueden convertirse en costos irrecuperables.
Esto puede incluir gastos en consultorías, estudios de preinversión, expedientes técnicos e incluso trabajos físicos que no llegan a cumplir su objetivo.
Proponen mejorar la gestión antes de incorporar nuevas obras
Frente a estos resultados, el CPC plantea fortalecer la planificación y establecer mejores criterios para priorizar las inversiones públicas.
Entre las recomendaciones destaca evaluar el desempeño de las entidades ejecutoras antes de asignar recursos adicionales o incorporar nuevos proyectos.
También se propone dar prioridad a las obras que ya cuentan con avances importantes y responden a necesidades urgentes de la población.
El objetivo no es impedir el desarrollo de nuevas inversiones, sino asegurar que los recursos públicos se utilicen de manera eficiente y que los proyectos tengan mayores posibilidades de concluirse.
Perú enfrenta el desafío de transformar la inversión pública en infraestructura terminada
Las cifras del primer semestre de 2026 ponen en evidencia que el principal desafío de la inversión pública no se limita a disponer de presupuesto, sino también a garantizar una adecuada planificación, ejecución y culminación de proyectos.
Para el sector construcción, mejorar estos procesos es fundamental para impulsar la actividad económica, generar oportunidades de empleo y acelerar el desarrollo de infraestructura.
La continuidad de las obras públicas también resulta clave para cerrar brechas en transporte, educación, saneamiento y otros servicios esenciales.
Con 111.534 inversiones desactivadas y S/ 47.000 millones de ejecución acumulada, Perú enfrenta la necesidad de fortalecer la gestión de sus proyectos públicos para evitar que los recursos invertidos se traduzcan en iniciativas inconclusas o sin beneficios efectivos para la población.
