Bolivia promulgará decreto de reajuste para destrabar conflicto con constructoras y garantizar continuidad de obras

El Gobierno boliviano anunció la promulgación de un decreto de reajuste de precios en el sector de la construcción, con el objetivo de resolver el conflicto con las empresas constructoras y evitar la paralización de proyectos de inversión pública en todo el país. La medida surge tras semanas de presión y movilizaciones del sector, que reclamaba una actualización urgente de los costos debido al incremento en los precios de materiales, maquinaria e insumos, impulsados principalmente por la subida del dólar y la inflación.

Un decreto clave para destrabar la crisis

El nuevo marco normativo —establecido mediante el Decreto Supremo 5597— permitirá realizar ajustes en los contratos de obra pública y proyectos “llave en mano”, tanto en ejecución como pendientes de inicio.

El objetivo central es garantizar la continuidad de las obras, evitar pérdidas económicas para las empresas y restablecer condiciones de equilibrio financiero en el sector.

Sin embargo, el reajuste no será total. Según lo adelantado por actores del sector, el decreto no incluirá gastos indirectos, lo que reducirá el impacto del ajuste previsto inicialmente —cercano al 40%— a un rango estimado de entre 25% y 30% por proyecto.

Cómo funcionará el reajuste

La normativa establece que los ajustes se realizarán de manera excepcional y mediante contratos modificatorios que deberán ser suscritos entre las entidades públicas y las empresas constructoras. Este proceso tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026.

Además, los reajustes se aplicarán específicamente a materiales de construcción, maquinaria y equipos, sin considerar ciertos costos adicionales previamente definidos en los contratos originales.

Otro punto clave es que, en caso de que el ajuste no logre hacer viable la continuidad de una obra, se contempla la posibilidad de rescindir el contrato bajo la figura de “caso fortuito”, con acuerdo entre ambas partes.

Respuesta a la presión del sector constructor

La promulgación del decreto responde directamente a las demandas de las cámaras de la construcción, que habían advertido sobre el riesgo de paralización masiva de obras y el colapso de la cadena productiva si no se actualizaban los precios.

El encarecimiento de los insumos había generado incrementos de hasta 30% o más en los costos de ejecución, afectando la rentabilidad de los proyectos y poniendo en riesgo contratos ya firmados.

Las movilizaciones del sector reflejaron la gravedad del problema y presionaron al Ejecutivo a tomar una decisión urgente para evitar mayores impactos económicos.

Impacto en la inversión pública y la economía

El sector construcción es uno de los principales motores de empleo y dinamización económica en Bolivia. Por ello, la paralización de obras no solo afecta a las empresas, sino también a miles de trabajadores y a la ejecución de proyectos estratégicos en infraestructura.

Con este decreto, el Gobierno busca restablecer la estabilidad en la contratación pública, garantizar la calidad de las obras y generar condiciones más previsibles para futuras licitaciones.

Asimismo, se espera que la medida permita reactivar proyectos detenidos y evitar nuevos conflictos entre el Estado y el sector privado.

Un paso hacia la normalización del sector

La promulgación del decreto de reajuste marca un punto de inflexión en la relación entre el Gobierno y las constructoras. Aunque no satisface completamente todas las demandas del sector, representa un avance significativo para aliviar la crisis y asegurar la continuidad de la inversión pública.

En un contexto económico complejo, Bolivia apuesta por el diálogo y la flexibilización de condiciones contractuales como herramientas clave para sostener el desarrollo de infraestructura y evitar un mayor deterioro del sector construcción.