Materiales más caros: el principal obstáculo
El impacto más inmediato de esta medida ha sido el aumento significativo en los costos de construcción. Según reportes del sector, los materiales producidos en Estados Unidos pueden ser entre un 20% y un 35% más caros que sus equivalentes importados.
Para los desarrolladores de vivienda social —que operan con márgenes financieros limitados— este incremento ha puesto en jaque la viabilidad de múltiples proyectos. En muchos casos, los presupuestos iniciales han quedado desfasados, obligando a rediseñar obras o, directamente, a suspenderlas.
Proyectos paralizados en plena crisis habitacional
Lejos de impulsar la construcción, la normativa ha generado un efecto contrario: obras detenidas y retrasos generalizados en distintas ciudades del país.
El problema no radica únicamente en el costo, sino también en la disponibilidad de materiales. Muchos componentes necesarios para la construcción —desde equipos eléctricos hasta sistemas especializados— dependen de cadenas de suministro globales y no siempre cuentan con producción local suficiente.
Además, los procesos para solicitar excepciones a la norma han resultado lentos y burocráticos, lo que agrava aún más los retrasos en la ejecución de proyectos.
Menos viviendas en un momento crítico
El efecto combinado de mayores costos y demoras en la construcción está reduciendo la cantidad de viviendas asequibles disponibles en un contexto donde la demanda ya supera ampliamente la oferta.
Desarrolladores y organizaciones del sector advierten que esta situación podría profundizar la crisis habitacional, especialmente para familias de bajos ingresos que dependen de este tipo de proyectos para acceder a una vivienda digna.
Incluso algunos actores del sector han señalado que, de mantenerse estas condiciones, el país podría terminar construyendo menos viviendas justo cuando más se necesitan.
Debate entre industria y acceso a la vivienda
La normativa fue diseñada con el objetivo de fortalecer la producción nacional y generar empleo en la industria manufacturera. Sin embargo, su impacto en el sector construcción ha abierto un debate sobre el equilibrio entre impulsar la economía local y garantizar el acceso a la vivienda.
Mientras sindicatos y defensores de la industria apoyan la medida, argumentando que fomenta la producción interna, desarrolladores y expertos en vivienda sostienen que se requiere mayor flexibilidad para evitar que los proyectos se vuelvan inviables.
Un desafío para la política pública
El caso pone en evidencia las tensiones entre política industrial y política social. Aunque la intención de promover el “hecho en Estados Unidos” busca beneficios económicos a largo plazo, sus efectos inmediatos están afectando uno de los sectores más sensibles: la vivienda asequible.
En un país donde millones de personas enfrentan dificultades para acceder a una vivienda, el desafío ahora será encontrar un equilibrio que permita sostener la industria nacional sin frenar la construcción de hogares para quienes más lo necesitan.
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