El gobierno apuesta al crecimiento con extensión del régimen de inversiones

En una medida que busca revitalizar el sector de la construcción y consolidar el crecimiento económico sostenido, el gobierno del presidente Yamandú Orsi ha anunciado la extensión por un año del Régimen de Promoción de Inversiones, con especial foco en el ámbito de la infraestructura y la construcción civil. Esta decisión responde tanto a las demandas del sector privado como a los objetivos estratégicos del Estado uruguayo, en busca de generar empleo, fortalecer la economía nacional y promover la inversión tanto nacional como extranjera.

El anuncio ha generado expectativas en diversos sectores, desde desarrolladores inmobiliarios hasta cámaras empresariales, pasando por sindicatos y actores del sector financiero. La medida contempla exoneraciones tributarias específicas dirigidas a proyectos vinculados con la edificación de viviendas, infraestructura vial, obras públicas y desarrollo urbano.

Una herramienta de reactivación económica

El Régimen de Promoción de Inversiones ha sido uno de los instrumentos más eficaces que ha tenido Uruguay para atraer capitales y fomentar el crecimiento de sectores clave. Desde su creación, este régimen permite que proyectos considerados "de interés nacional" accedan a beneficios fiscales que pueden incluir la exoneración parcial o total del Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (IRAE), la devolución del IVA sobre bienes y servicios, la exoneración del Impuesto al Patrimonio, entre otros.

En el nuevo período de extensión, se mantendrán los beneficios ya existentes, pero también se incluirán ajustes normativos que permitirán mayor flexibilidad en los criterios de evaluación y aprobación de proyectos. Según el anuncio del gobierno, se priorizarán aquellas iniciativas que generen empleo directo, utilicen tecnología de bajo impacto ambiental, y que estén ubicadas fuera del área metropolitana, fomentando así el desarrollo regional.

La apuesta de Orsi por el crecimiento sostenido

El presidente Yamandú Orsi ha enfatizado desde el inicio de su gestión la importancia de la inversión como motor del desarrollo. A diferencia de otras administraciones que apostaron por el gasto público como primer impulso de la economía, Orsi ha apostado por crear condiciones estructurales para atraer inversión privada, sin dejar de lado la presencia del Estado como actor estratégico.

La extensión del régimen para el sector construcción no es aislada. Viene acompañada de un plan integral que incluye la reactivación de obras públicas pendientes, la licitación de nuevos proyectos de infraestructura, y programas habitacionales con foco en sectores vulnerables. Con esta combinación, se busca reactivar la economía desde la base: empleo masivo, circulación de capitales en sectores productivos, y aumento de la demanda interna.

En sus declaraciones públicas, Orsi ha destacado que “el Estado no puede hacer todo, pero puede facilitar que se haga”, una frase que resume la lógica detrás de la promoción de inversiones. Al eliminar o reducir la carga tributaria de proyectos productivos, se libera liquidez que puede ser reinvertida, multiplicando los beneficios económicos y sociales.

Beneficios fiscales y criterios de evaluación

La extensión del régimen mantiene los pilares fundamentales que han caracterizado su funcionamiento en años anteriores. Los proyectos que accedan al mismo deberán someterse a evaluación por parte de la Comisión de Aplicación (COMAP), organismo técnico que determinará si la propuesta es merecedora de los beneficios en función de una matriz de indicadores.

Los criterios de evaluación incluyen:

• Cantidad de empleo generado

• Localización geográfica (se valoran más los proyectos fuera de Montevideo)

• Inversión en tecnología o innovación

• Compromiso con el medio ambiente

• Contribución a la descentralización

• Sustentabilidad financiera

En la práctica, un proyecto que cumpla con la mayoría de estos criterios puede acceder a exoneraciones de hasta el 80% del IRAE durante un período de 10 años, además de otros beneficios. Esto ha convertido al régimen en una de las herramientas más atractivas del país para captar capitales.

Con la ampliación de este régimen al año 2026, se estima que podrían aprobarse más de 400 nuevos proyectos vinculados directamente con la construcción, con una inversión estimada que superaría los 1.200 millones de dólares.

Impacto en el empleo y la vivienda

Uno de los principales objetivos del gobierno con esta extensión es la creación de empleo masivo en el sector construcción, tradicionalmente uno de los grandes generadores de puestos de trabajo. La construcción no solo demanda mano de obra directa, sino también servicios logísticos, transporte, producción de materiales, y actividades conexas como electricidad, plomería, carpintería, etc.

La extensión del régimen se presenta también como una herramienta para aliviar la crisis habitacional que aún afecta a miles de uruguayos. Si bien Uruguay cuenta con políticas activas en vivienda social, el dinamismo del mercado privado sigue siendo insuficiente para cubrir la creciente demanda. En este sentido, se incentivará la construcción de viviendas de interés social con trámites simplificados y mayores beneficios fiscales, así como proyectos de urbanización en ciudades medianas y pequeñas.

Reacciones del sector privado y sindical

Tanto las cámaras empresariales como los gremios del sector han saludado la medida. La Cámara de la Construcción del Uruguay (CCU) expresó su respaldo a la extensión del régimen, destacando que genera estabilidad para planificar obras a mediano plazo, especialmente aquellas que implican grandes inversiones. También celebraron la inclusión de criterios ambientales y de desarrollo regional, señalando que permitirán una mayor equidad en la distribución del crecimiento.

Por su parte, el sindicato SUNCA (Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos) ha manifestado su apoyo condicionado, resaltando la necesidad de que los proyectos contemplen cláusulas laborales claras, respeto por los derechos de los trabajadores, y condiciones dignas de trabajo. El sindicato propuso además la creación de un observatorio que permita hacer seguimiento al cumplimiento de los compromisos asumidos por las empresas beneficiadas.

El desafío de evitar el uso abusivo del régimen

Uno de los puntos críticos en torno al régimen ha sido, históricamente, el riesgo de abuso o uso inadecuado. Algunos sectores han alertado sobre proyectos que se presentan como de interés nacional pero que en la práctica son de carácter especulativo o con escaso impacto social. En respuesta, el gobierno ha anunciado que fortalecerá los mecanismos de fiscalización y seguimiento, y que se sancionará a quienes incumplan los compromisos asumidos bajo el régimen.

Asimismo, se ha establecido que los proyectos deberán presentar informes de avance y cumplimiento cada seis meses, y que las exoneraciones estarán condicionadas a resultados verificables, no solo a promesas.

Una mirada a futuro

La extensión del Régimen de Promoción de Inversiones representa una apuesta estratégica por el desarrollo económico con inclusión social. Lejos de ser un simple beneficio tributario, este mecanismo se ha convertido en una plataforma que articula políticas públicas, inversión privada, empleo y sostenibilidad.

El desafío para los próximos meses será traducir el marco normativo en obras concretas que generen beneficios palpables para la población. La experiencia acumulada durante los años anteriores, junto con la voluntad política del actual gobierno, parecen crear un escenario propicio para avanzar en esa dirección.

Con esta medida, el gobierno de Yamandú Orsi consolida su perfil como una administración orientada al desarrollo productivo, que promueve la inversión sin renunciar a los principios de equidad, descentralización y responsabilidad social. La construcción, como símbolo del hacer y del progreso, vuelve a ocupar un lugar central en la estrategia de país.